La ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, quiere extender a familiares y convivientes que se comprometan con la crianza los permisos por nacimientos de las madres que crían solas a sus hijos, a través de una ley de familias que ampliaría a seis meses la duración de dichos permisos.
Esas y la creación de una prestación universal por crianza son las principales propuestas del texto elaborado por Derechos Sociales sobre la futura ley de diversidad familiar, que ya se encuentra en fase de negociación -paso previo antes de su traslado al Consejo de Ministros-, con los ministerios de Hacienda, Justicia, Igualdad e Inclusión que lo recibieron el pasado viernes.
Fuentes del departamento que dirige Ione Belarra admiten que se están encontrando con dificultades en el Ministerio de Hacienda, que por el momento no ha abierto la vía de interlocución.
Se espera que la negociación en el seno del Gobierno pueda concretarse en los primeros meses de año con el objetivo de que la ley haya completado su tramitación antes de que acabe 2022 y estima que el primer año de implantación tendría un coste de 1.525 millones de euros, con cargo a los presupuestos generales del Estado de 2023.
Los pilares de la ley de familias son: ampliar a 6 meses los permisos de paternidad y maternidad que ahora son 16 semanas, implantar una prestación por crianza de 100 euros al mes por hijo -125 euros en el caso de los hogares monoparentales- y equiparar como familias numerosas a las de un progenitor con hijos y a aquellas que tengan algún hijo con discapacidad.
Además, en el caso de las familias de un progenitor, la ley contemplaría que ese padre o madre pueda tomarse ambos permisos -el de paternidad y maternidad-, pero también que ese segundo permiso lo pueda disfrutar una persona conviviente que se responsabilice de la crianza o familiar de segundo grado de consanguinidad o afinidad.
Entre los criterios que podrían exigirse a ese conviviente para poder disfrutar del permiso de paternidad estaría el empadronamiento en el domicilio de la madre.
Sobre la ampliación de los permisos por nacimiento y adopción de las actuales 16 semanas hasta las 24 semanas, la propuesta contempla ir incrementando en dos semanas adicionales cada año, comenzando en 2023 y completando ese objetivo de los seis meses en 2026.
En el caso de las parejas de hecho, la norma recoge la posibilidad de que ambos progenitores puedan hacer la declaración de la renta de manera conjunta con el objetivo de avanzar hacia la equiparación jurídica de las parejas casadas y no casadas.
Con la nueva regulación, la prestación por crianza sería universal y comenzaría con el tramo de 0 a 3 años con la intención de extenderlo hasta los 18 años.
De esta forma, se plantea un reforma para extender la aplicación de lo que actualmente es una deducción por maternidad en el IRPF y convertirla en una renta crianza universal, explican las fuentes.
Hasta ahora, disfrutaban de esa deducción por maternidad las mujeres trabajadoras y desde enero percibirán también un complemento de 100 euros por hijo las familias que perciben el Ingreso Mínimo Vital y aquellas que tengan bajos ingresos.
Derechos Sociales calcula el siguiente impacto presupuestario de la ley en el primer año de implantación: 400 millones de euros para desarrollar la prestación por crianza, 360 millones la ampliación de los permisos de nacimiento, 290 millones para disfrutar del doble permiso en las familias monoparentales y 475 millones el poder realizar la declaración conjunta de IRPF las parejas de hecho.
La nueva norma dedica un apartado a las familias de acogida para darles más apoyo en el proceso de crianza de los menores y plantea potenciar campañas de sensibilización para dar a conocer esa opción de acogimiento familiar que es desconocida por muchas personas.
Se prevé que la normativa reconozca jurídicamente a todas las formas de familia existentes en España, iguale sus derechos y mejore la protección social.
