Tras firmar ayer un convenio con el secretario de Estado de Seguridad, Antonio Camacho, los ayuntamientos de Gijón, Oviedo, Avilés, Mieres y Langreo serán los primeros de España en acceder a esta herramienta informática que en el futuro estará interconectada también con el Poder Judicial y las policías autonómicas.
Hasta el momento tenían acceso a esta base de datos unos 28.000 usuarios de la Guardia Civil y el Cuerpo Nacional de Policía, así como de Instituciones Penitenciarias, la fiscalía y la Delegación de Gobierno para la violencia de género.
El sistema permite incluir los datos de las mujeres amenazadas y hacer continuas evaluaciones del riesgo que sufren para ir adoptando las medidas adecuadas a cada caso para su protección.
Establece que las revaluaciones se harán cada 72 horas en nivel extremo, cada siete días en nivel alto, cada mes en mujeres con riesgo medio y cada dos meses en casos de riesgo bajo.
Además, se incluyen alarmas, ante la inminencia de una situación grave para la víctima –como que su agresor vaya a salir de la cárcel–, alertas –si se han producido nuevas circunstancias que hayan elevado el riesgo– o avisos, si existen incidencias relacionadas con el caso.
Desde que se puso en marcha en 2007, funcionarios autorizados y con formación en violencia de género han incluido los datos de 139.758 mujeres y han realizado 414.713 valoraciones de riesgo, de las que 10.027 corresponden al Principado.
Según el secretario de Estado, el hecho de que la firma de este convenio se realice con cinco ayuntamientos del Principado pone de manifiesto el compromiso de la sociedad asturiana para mejorar la efectividad de las políticas destinadas a erradicar un problema “que ninguna sociedad democrática puede aceptar”.
Camacho ha incidido además en la necesidad de desarrollar en todos sus términos una Ley de Violencia de Género como la española, pionera en Europa, a pesar de que, ha recordado, otros países de la Unión Europea sufren también esta situación “incluso con más incidencia”.
En este sentido, ha considerado que España se ha situado en el “buen camino” como lo reflejan los datos correspondientes a 2009, un ejercicio en el que el número de mujeres fallecidas a manos de sus parejas o ex parejas se situó en 54 tras registrar un descenso del veintiocho por ciento respecto al ejercicio anterior.
La implantación de este sistema en Asturias ha sido posible gracias a la existencia de una estructura previa que centraliza la información sobre la situación de cada víctima, hace las evaluaciones y la puesta en marcha del seguimiento y las medidas sociales que se toman en cada caso.