El PP, Vox y Ciudadanos aprovecharán el próximo Pleno del Congreso, en plena campaña electoral de los comicios autonómicos de Andalucía del 19 de junio, para exigir explicaciones y actuaciones al Gobierno ante la negativa de la Generalitat a cumplir la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que reconoce el derecho a recibir al menos el 25% de la enseñanza en castellano en esa comunidad.
Así, en la sesión plenaria de este martes el PP defenderá una proposición no de ley emplazando al Gobierno a tomar medidas para asegurar que se ejecute la sentencia y para garantizar ese 25% de castellano.
Se trata de una iniciativa que se registró el pasado mes de noviembre, cuando el Tribunal Supremo avaló esa sentencia del TSJC al rechazar el recurso de casación de la Generalitat, pero el texto podría actualizarse vía enmienda para tratar de forzar al Gobierno a recurrir el último decreto ley del Ejecutivo autonómico.
En el texto, recogido por Europa Press, el Grupo Popular destaca que la sentencia del TSJ reconoce que "el uso vehicular de la lengua castellana en el sistema de enseñanza de Cataluña es residual" y recuerda que la doctrina del Tribunal Constitucional ya dejó claro que las dos lenguas cooficiales deben ser reconocidas como vehiculares.
EL GOBIERNO NO PUEDE PERMANECER IMPASIBLE
A su juicio, "el Gobierno no puede permanecer impasible" ante la actitud de la Generalitat, ni puede "incurrir en una dejación de funciones mientras se vulnera el derecho de los alumnos catalanes a estudiar en castellano".
Por todo ello, el PP quiere que el Congreso inste al Gobierno "a garantizar de manera eficaz e inmediata el derecho de todos los alumnos a la utilización del castellano, lengua oficial del Estado, como lengua vehicular del sistema educativo en Cataluña, en los porcentajes que se determinen y que no podrán ser inferiores al 25%".
Además, aboga por reformar la Ley Orgánica de Modificación de la Ley Orgánica de Educación (LOMLOE) para remarcar expresamente que el castellano será lengua vehicular del sistema educativo y por aumentar los medios materiales y humanos de la Alta Inspección educativa para asegurar que se aplica se principio.
Por último, pide al Gobierno que requiera a la Generalitat para cumplir las sentencias y aconseja reservarse "el derecho que la Constitución española y las leyes le otorgan para adoptar las medidas necesarias a fin de dar cumplimiento a las obligaciones que impone la Constitución y las leyes para preservar el derecho a la utilización del castellano como lengua vehicular en el sistema educativo en Cataluña".
VOX Y CS DEFIENDEN EL 155
Y al día siguiente de ese debate, Vox y Ciudadanos interrogarán al Gobierno en la sesión de control del miércoles para ver qué medidas piensa adoptar ante esa negativa del Govern independentista a acatar la sentencia.
El presidente de Vox, Santiago Abascal, quiere debatir directamente con el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, para que aclare "hasta cuándo va a permitir el desacato institucional de las sentencias judiciales en Cataluña, realizado con la clara intención de perseguir la presencia del idioma español en las aulas".
Y Edmundo Bal, portavoz adjunto de Ciudadanos, se dirigirá a la ministra de Educación, Pilar Alegría: "¿Va a seguir el Gobierno sin hacer nada para garantizar el derecho de las familias de Cataluña a escolarizar también en español a sus hijos?", reza la pregunta registrada.
Tanto Vox como Ciudadanos han hablado abiertamente de volver s aplicar el artículo 155 de la Constitución en Cataluña por no cumplir esa sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), avalada por el Supremo.
El partido naranja cree que el Gobierno podría evitar la necesidad de esa intervención excepcional si recurre en el Tribunal Constitucional el último decreto ley de la Generalitat y lo deja en suspenso.
