La Junta no descarta la tutela judicial con Astilleros

El consejero de Empleo, Antonio Fernández, admitió ayer que la Junta no descarta acudir a la “tutela judicial” para poner fin a la situación de los Astilleros de Huelva y de Sevilla, aunque insistió en que "agotarán, hasta extremos increíbles" las vías que permitan una salida "controlada y controlable".

Fernández lamentó la falta de colaboración de los propietarios, lo que ha agravado la "mala" situación de los astilleros y apuntó que “el tiempo se ha ido acabando y no han ido colaborando, con un egoísmo impropio de los tiempos que corren, porque la empresa debería ser la primera interesada en resolver este tema".

Tras hacer un nuevo llamamiento a la responsabilidad de las partes para sacar adelante la hoja de ruta de la Junta, que sólo busca la salvación de Astilleros, señaló que "si no queda más remedio, incluida la responsabilidad de los administradores, habrá que ir a la tutela judicial".

Para Fernández, lo importante no es recuperar las aportaciones si esto significa la liquidación de esta empresa, sino la supervivencia de la actividad en la industria naval de Huelva y Sevilla, como ha ocurrido en la Bahía de Cádiz.

Por su parte, los sindicatos mayoritarios van a radicalizar las protestas para exigir, de una vez por todas, el cumplimiento de los establecido en la hoja de ruta para los Astilleros de Huelva y Sevilla y la resolución de este conflicto.

Así lo anunció ayer el secretario general de la Federación del Metal, Construcción y Afines (MCA) de la UGT en Andalucía, Manuel Jiménez, tras la supuesta cesión de derechos políticos de Astilleros de Huelva a la Junta y los últimos anuncios de rescisión de contratos para la construcción de barcos por parte de los armadores en la factoría hispalense.

Jiménez mostró su indignación por la estrategia que los propietarios de Astilleros de Huelva han llevado a cabo en el tema de la cesión de derechos políticos a la Junta de Andalucía, considerándola "una jugarreta más".

En este sentido, explicó que esta cesión total de los derechos políticos de la empresa al apoderado único designado por la Agencia IDEA, José Luis Álvarez García, es sólo "supuesta ya que los derechos transferidos no le otorgan el poder absoluto, lo que le impide tener plena libertad de acción sobre la empresa".

Esto contradice seriamente, en su opinión, a lo recogido en la hoja de ruta -firmada por Astilleros y la Junta de Andalucía- donde se le confiere un poder absoluto al apoderado sin ninguna limitación a su gestión.
Jiménez arremetió contra la empresa a la que acusa de confundir tanto a los trabajadores como a la opinión pública y le pide un acto de responsabilidad para cumplir con los acuerdos adoptados por todas las partes, para garantizar la actividad y el empleo en Huelva y Sevilla.

El responsable de MCA-UGT Andalucía cree que la estrategia de Astilleros "responde a una serie de intereses particulares y ocultos en su afán por mantener la propiedad de la empresa".

Por este motivo, y tras los últimos anuncios de rescisión de contratos para la construcción de barcos por parte de los armadores en la factoría hispalense, Jiménez anunció la radicalización de las protestas por parte de los sindicatos.