Entre los acusados absueltos se encuentran Xabier Alegría, que coordinaba la entidad por designación de la Comisión Ejecutiva, y Joseba Mikel Garmendia, presunto miembro del aparato de finanzas de ETA y al que la Fiscalía consideraba responsable en este caso concreto de los asuntos económicos de la entidad ilícita.
Además de Alegría y Garmendia estaban acusados los concejales Miren Karmele Urbistondo (Urnieta), Oscar Goñi (Vera de Bidasoa) y Larraitz Sanzberro (Oiartzun). El resto de procesados son Leire Idoyaga, José Manuel Jurado Torvisco, Lander Echebarría Garitacelaya, Eider Casanova, Loren Arkotxa, Miren Josu Aramburu, Imanol Esnaola, Xabier Iragorri, Esperanza Iriarte, Miren Jasone Astibia, Urko Irastorza, Maria Victoria Ugarteburu, Juan Carlos Alducín, Miren Odriozola e Ibon Arbulu.
Según defendía la Fiscalía, Udalbiltza Kursaal intentó jugar un papel predominante en la reorientación de la actividad de ETA para continuar con el llamado "Proyecto de Construcción Nacional" de la banda y depende directamente de ella.
Los absueltos destacan que la sentencia avala la “legitimidad” de su trabajo
Los veinte miembros de la asamblea de electos de Batasuna, Udalbiltza-Kursaal, absueltos por la Audiencia Nacional, han considerado que este fallo judicial avala la “legitimidad” de Udalbiltza y de su trabajo. Los encausados han ofrecido una rueda de prensa para hacer una “primera valoración” de la sentencia y se han mostrado “contentos” por su absolución y porque “todo el ‘argumentario’ de la Fiscalía ha quedado reducido a la nada”, aunque han lamentado que el fallo “no menciona nada de cómo resarcirnos o indemnizarnos”, cuando “el daño personal y político ya está hecho”.
La exalcaldesa de Amoroto (Vizcaya), Maribi Ugarteburu, ha comparecido acompañada por otros encausados y por una foto de Xabier Alegría, otro de los procesados, que en encuentra en prisión tras ser condenado como dirigente de KAS en el sumario 18/98. Para Ugarteburu, la sentencia da “validez a Udalbiltza como instrumento para conseguir un escenario de paz y democracia y también para el desarrollo de este país” y es un fallo que “va acorde” con la “nueva fase política”. La sentencia “sí ayuda en ese camino, pero no las detenciones”.