El director general de Andalucía Acoge, José Miguel Morales, ha afirmado este jueves que existe un “horizonte de mínima esperanza” para los migrantes gracias al primer plan estratégico de la Junta d Andalucía para erradicar los asentamientos en las provincias de Almería y Huelva, si bien ha precisado que aún “no se conoce una sola coma” del mismo.
Así lo ha manifestado durante la presentación del informe ‘Situación de las personas residentes en asentamientos agrícolas en Andalucía: Hitos desde 2023’, en la que ha valorado que “por primera vez” en tres décadas algunas administraciones han reconocido que son competentes en esta materia y se han implicado en dar una solución a estas personas.
“Esto es un paso muy importante”, ha mantenido Morales, quien sostiene que cuando su entidad iba a un despacho a reclamar soluciones, la respuesta era siempre que “la administración no era competente”. “Ya nunca más la administración podrá decir que no es competente”, ha afirmado.
Ha destacado iniciativas del Ministerio de Derechos Sociales y, especialmente, el plan de erradicación de asentamientos de la Junta de Andalucía, un “paso fundamental” al ser la comunidad autónoma el “agente prioritario” para impulsar cualquier medida.
“Hay que decir también que, año y medio después, no se ha conocido ni una coma de ese plan. Se ha anunciado varias veces que hay actuaciones preparatorias, que se está en fase de elaboración. Sí ha habido algunas actuaciones de consulta de entidades sociales sobre qué contenido debería tener ese plan, pero lo cierto es que todavía ese plan no es público, no está elaborado”, ha advertido.
Por ello, a pesar este ligero “optimismo” ha dicho que a Andalucía Acoge le preocupa que esta iniciativa pueda quedarse paralizada y nunca llegue a completarse.
También ha destacado otras “pequeñas iniciativas” como la apertura de un albergue en Lepe (Huelva), que “puede apuntar al camino de una solución”.
Demandas
“La realidad es la misma que hace treinta años, las demandas son prácticamente las mismas de siempre. Reclamar el derecho a la vecindad, que quienes viven en los asentamientos no son marcianos, son al final vecinos y vecinas del municipio. Hay personas que llevan décadas viviendo en esa situación y, por tanto, no vale hablar y pensar en ellos en términos de temporalidad”, ha dicho.
También ha mostrado su preocupación por municipios como el de Níjar (Almería), en los que se ha hablado de “desalojo” de las personas que viven en los asentamientos. “Esa no es la perspectiva. La perspectiva es realojo. No estamos quitándonos de medio un problema, sino que estamos dotando a la gente de derechos”.
Ha abogado por impulsar esa dotación de derechos básicos y comenzar a plantear que el problema de fondo no son estos migrantes, sino un estado que “no provee de derechos a las personas que viven en él”.
“Hablamos de vivienda y hablamos de un tema que en realidad afecta a toda la población española. Sabemos que la crisis de vivienda no es exclusiva de las personas migrantes ni de las personas que trabajan en el campo. Las migraciones no generan nuevas dificultades ni nuevos retos, sino que ponen de relieve las brechas y las dificultades que existen ya en la sociedad receptora”, ha afirmado
De esta forma, considera que los asentamientos son la “punta del iceberg” de una crisis estructural de vivienda, en la que además las personas que viven en asentamientos de Níjar y Huelva parten desde una situación de desventaja.
El informe
El director general de Andalucía Acoge, José Miguel Morales, ha afirmado este jueves que existe un “horizonte de mínima esperanza” para los migrantes gracias al primer plan estratégico de la Junta d Andalucía para erradicar los asentamientos en las provincias de Almería y Huelva, si bien ha precisado que aún “no se conoce una sola coma” del mismo.
Así lo ha manifestado durante la presentación del informe ‘Situación de las personas residentes en asentamientos agrícolas en Andalucía: Hitos desde 2023’, en la que ha valorado que “por primera vez” en tres décadas algunas administraciones han reconocido que son competentes en esta materia y se han implicado en dar una solución a estas personas.
“Esto es un paso muy importante”, ha mantenido Morales, quien sostiene que cuando su entidad iba a un despacho a reclamar soluciones, la respuesta era siempre que “la administración no era competente”. “Ya nunca más la administración podrá decir que no es competente”, ha afirmado.
Ha destacado iniciativas del Ministerio de Derechos Sociales y, especialmente, el plan de erradicación de asentamientos de la Junta de Andalucía, un “paso fundamental” al ser la comunidad autónoma el “agente prioritario” para impulsar cualquier medida.
“Hay que decir también que, año y medio después, no se ha conocido ni una coma de ese plan. Se ha anunciado varias veces que hay actuaciones preparatorias, que se está en fase de elaboración. Sí ha habido algunas actuaciones de consulta de entidades sociales sobre qué contenido debería tener ese plan, pero lo cierto es que todavía ese plan no es público, no está elaborado”, ha advertido.
Por ello, a pesar este ligero “optimismo” ha dicho que a Andalucía Acoge le preocupa que esta iniciativa pueda quedarse paralizada y nunca llegue a completarse.
También ha destacado otras “pequeñas iniciativas” como la apertura de un albergue en Lepe (Huelva), que “puede apuntar al camino de una solución”.
Demandas
“La realidad es la misma que hace treinta años, las demandas son prácticamente las mismas de siempre. Reclamar el derecho a la vecindad, que quienes viven en los asentamientos no son marcianos, son al final vecinos y vecinas del municipio. Hay personas que llevan décadas viviendo en esa situación y, por tanto, no vale hablar y pensar en ellos en términos de temporalidad”, ha dicho.
También ha mostrado su preocupación por municipios como el de Níjar (Almería), en los que se ha hablado de “desalojo” de las personas que viven en los asentamientos. “Esa no es la perspectiva. La perspectiva es realojo. No estamos quitándonos de medio un problema, sino que estamos dotando a la gente de derechos”.
Ha abogado por impulsar esa dotación de derechos básicos y comenzar a plantear que el problema de fondo no son estos migrantes, sino un estado que “no provee de derechos a las personas que viven en él”.
“Hablamos de vivienda y hablamos de un tema que en realidad afecta a toda la población española. Sabemos que la crisis de vivienda no es exclusiva de las personas migrantes ni de las personas que trabajan en el campo. Las migraciones no generan nuevas dificultades ni nuevos retos, sino que ponen de relieve las brechas y las dificultades que existen ya en la sociedad receptora”, ha afirmado
De esta forma, considera que los asentamientos son la “punta del iceberg” de una crisis estructural de vivienda, en la que además las personas que viven en asentamientos de Níjar y Huelva parten desde una situación de desventaja.
El informe
El informe presentado este jueves ha sido realizado a partir de 800 procesos de acompañamiento en Almería, sobre todo en Níjar, y Huelva, especialmente en Moguer, Lucena del Puerto y Lepe.
“Quienes viven en asentamientos, sobre todo, son trabajadores y trabajadoras agrícolas que sostienen la economía de Andalucía, son parte de aquellas personas que sostienen el sector estratégico que es la agricultura en Andalucía y, pues, muchas veces esta situación de exclusión también les hace ser más vulnerables a la vulneración de sus derechos laborales”, ha abundado.
“Quienes viven en asentamientos, sobre todo, son trabajadores y trabajadoras agrícolas que sostienen la economía de Andalucía, son parte de aquellas personas que sostienen el sector estratégico que es la agricultura en Andalucía y, pues, muchas veces esta situación de exclusión también les hace ser más vulnerables a la vulneración de sus derechos laborales”, ha abundado.
