La reunión de la Comisión Permanente de la CEE ha llegado a esta conclusión tras analizar el proyecto de ley Reguladora de los Derechos de la persona ante el proceso final de la vida y concluir que podría suponer "una legalización encubierta de prácticas eutanásicas".
Así, la declaración oficial de la CEE sobre el texto legal advierte de que la legalización "expresa o encubierta" de la eutanasia es "inaceptable, crearía una intolerable presión social" sobre ancianos, discapacitados o incapacitados y conduciría "a verdaderos homicidios".
Por ello, los obispos advierten de que "las leyes no son justas por el mero hecho de haber sido aprobadas por las correspondientes mayorías, sino por su adecuación a la dignidad de la persona humana".
Así, las que toleran o regulan las violaciones del derecho a la vida "ponen en cuestión la legitimidad de los poderes públicos que las elaboran y aprueban" y deben ser denunciadas, "abolidas, modificadas o bien, en su caso, no aprobadas", señalan.
El documento también subraya que con este análisis la CEE no está tratando de "imponer una concepción moral privada al conjunto de la vida social", sino que se limita a advertir de que "las leyes no son justas por el mero hecho de haber sido aprobadas, sino por su adecuación a la dignidad de la persona humana".
En conferencia de prensa tras la reunión de la Comisión Permanente, el portavoz de la CEE, Juan Antonio Martínez Camino, ha advertido de que este texto de los obispos "no debe ser recibido como un ataque contra nadie, sino como una contribución al necesario debate, que debe ser sosegado".
La declaración episcopal también se muestra muy crítica con el trato que recibe en la ley el derecho fundamental a la libertad religiosa que, pese a estar recogido en la Constitución y en los acuerdos Iglesia-Estado, a su juicio no está suficientemente tutelado en esta ley.
Así, el proyecto de ley establece que los pacientes tendrán derecho a recibir "asistencia espiritual o religiosa" si ellos mismos se la procuran y "siempre que resulte compatible con el conjunto de medidas sanitarias".
Este derecho fundamental "no puede ser reducido por ley a la mera tolerancia de la práctica religiosa" y en ningún caso puede "ser condicionado por cuestiones administrativas o de organización del centro sanitario", ha advertido Martínez Camino.
Finalmente, los obispos cuestionan el hecho de que con este proyecto de ley tampoco reconozca a los médicos y personal sanitario el derecho de objeción de conciencia quedando así "reducidos a ejecutores de la voluntad de los pacientes" o sus familiares.
La CEE concluye subrayando que "la indefinición y la ambigüedad" de los planteamientos lastran el proyecto de ley en su conjunto y que, "de ser aprobado, conduciría a una situación en la que los derechos de las personas "estarían peor tutelados que con la legislación actual".
