El fiscal rebaja la petición de penas a los imputados por el asalto al Rectorado de 2002

sevilla | El fiscal rebajó ayer la petición de penas para los 23 procesados por el asalto al Rectorado, en febrero de 2002, durante el transcurso de una protesta contra la Ley Orgánica de Universidades, LOU. En concreto, el Ministerio Fiscal rebaja de un año a cuatro meses la petición de cárcel por desórdenes públicos, y de un año a cuatro meses las multas, a razón de cuatro euros al día, por daños. También reduce a la mitad, a un mes, la multa por faltas. “La responsabilidad debe ser inmediat, pero ahora son personas completamente distintas y eso es lo que ha provocado la reducción”, explicó el fiscal en su alegato final.

También se ha visto considerablemente reducida la multa relativa a la responsabilidad civil, que vendría a cubrir la reparación de la puerta. De los casi 60.000 euros iniciales se pasó a 37.924, tras eliminar un gasto de limpieza por valor de 19.000 euros que nunca se llevo a cabo por parte de la Universidad.


Por su parte, tres de los doce letrados de la defensa, el resto lo hará mañana miércoles, pidieron la absolución para sus defendidos. Argumentan que no ha quedado demostrado quién rompió la puerta. El fiscal ha pedido el dolo compartido.

Tensión con el delegado

Ayer testificó Demetrio Cabello, que en el año 2002 era el comisario jefe de la Brigada de Información, encargada de realizar las diligencias de identificación de los imputados, basándose en vídeos y fotografías de medios de comunicación. Cabello, actual delegado de Seguridad del Ayuntamiento de Sevilla, se negó a especificar cómo se realizaron dichas labores. “Somos de Sevilla y estamos en la calle, ¿le parece bien?”, contestó a la pregunta de un letrado, con la que mantuvo un tenso interrogatorio.

A la pregunta de un letrado sobre si existía "margen de error" en la fase de identificación de los acusados, Cabello dijo que "no", aunque minutos más tarde tuvo que reconocer algunos fallos en dicho proceso. También, tal y como aparece en el informe, vinculó a algunos de los imputados con el "movimiento de resistencia global", asegurando que se trata de grupos "violentos". En sus deliberaciones el Fiscal aseguró que "no se tendrá en cuenta dicho informe".

Una de las letradas exigió saber cómo se había producido las identificaciones, ya que en su realización se podrían haber producido "vulneraciones de derechos fundamentales". Los letrados también pidieron la nulidad de algunas fotografias ya que ninguno de los Policías, ni tampoco demetrio, como jefe de la Brigada, había conseguido explicar quién y cómo se habían realizado y aseguraron desconocer si se trataban de copias u originales.

Mañana miércoles continuará el juicio en la que previsiblemente serán la quinta y definitiva sesión.