El ex alcalde de San Fernando y actual concejal de la Corporación, Manuel de Bernardo, ha mostrado su compromiso con el cargo que ocupa en la actualidad en el Ayuntamiento y que seguirá desempeñando, a la vez que dice respetar pero no compartir la demanda presentada por el Consistorio.
De Bernardo recuerda que la práctica legal en caso de responsabilidad es ir contra todo el mundo posible aunque no tengan ninguna responsabilidad subjetiva (haber querido hacer algo aprovechándose del cargo que se tiene) directa ni indirecta. Esta responsabilidad difiere de la que se le achaca, la objetiva, sólo por ser el alcalde.
“Es una práctica procesal habitual de aseguramiento”. “No obstante, este hecho pasa a demostrar una vez más que el pacto de gobierno suscrito entre el PP y el PA es un pacto transparente y que nunca ha estado mediatizado por el asunto del robo como no podía ser de otra manera”.
El concejal andalucistas señala que “a diferencia de lo que dijo la Cámara de Cuentas, sólo hablamos de la Caja de Efectivo, y no del Área de Hacienda, como algunos, de forma maliciosa o desde el desconocimiento, han venido machacando malévolamente desde el momento en que se descubre el robo”, aunque como en el caso de la Cámara de Cuentas, es sólo el criterio fijado por una de las partes, en este caso el Ayuntamiento.
Sólo una propuesta
También cree que debe quedar claro que el trámite que ahora se hace público “no es una sentencia, ni siquiera una imputación”, sino tan sólo una propuesta de responsabilidad que el Tribunal de Cuentas tendrá que valorar y por supuesto no es ninguna imputación de ningún delito.
“Desde el principio, sólo hay dos acusados por el robo, los dos cajeros funcionarios del Ayuntamiento de San Fernando, estando a la espera de que se fije la fecha del Juicio Penal”.
Igualmente recuerda que quien denuncia el robo ante la Policía y el Juzgado de instrucción “soy yo, como Alcalde, tan pronto el interventor y la tesorera me informaron el 1 de abril de 2009. Por eso sigo pensando que es surrealista encontrarme en esta situación, con lo que desgraciadamente vemos todos los días en los medios de comunicación”.
PSOE: Un "insulto de los ciudadanos de La Isla
“Lo curioso para el PSOE no es que la demanda redactada por los Servicios Jurídicos de la Diputación de Cádiz, introduzca entre los demandados a los que fueron alcaldes de la ciudad en ese periodo, Antonio Moreno y Manuel María de Bernardo, así como al actual interventor y tesorera”, dicen los socialistas en un comunicado.
Lo “asombroso” es que el Partido Popular refrenda tal acusación y que a la vez mantenga a estas personas en sus respectivos puestos. “No sólo es algo difícil de comprender, sino que incluso de explicar a los ciudadanos, que a pesar de castigar a los andalucistas en las pasadas elecciones por este caso, vieron cómo los populares volvían a darles compromisos en el Gobierno”.
El PSOE recuerda que las personas que no realizaron sus labores siguen en sus puestos o formando parte del Gobierno y califica de "irrisorio" las cantidades que se les piden a los responsables administrativos del desfalco. “Es muy difícil explicar a los ciudadanos que el grado de responsabilidad de De Bernardo solo le atañe a responder por unos 39.000 euros”.
Para los socialistas esta cantidad es “un insulto” para los isleños sobre todo si se tiene en cuenta que, a orden de De Bernardo, el Consistorio se gastó casi el doble en un documento encargado para reforzar su inocencia de cara a los isleños.
CxSF pide la salida del PA del Gobierno de coalición
san fernando | El Grupo .Municipal Ciudadanos por San Fernando se “congratula” de la decisión, pero “apremia y exige” a la Alcaldía la salida inmediata del Partido Andalucista del equipo de gobierno. “Esta medida que ahora se hace pública, fue transmitida y reclamada a la Alcaldía en la Junta de portavoces, exclusivamente por Javier Cano, portavoz de CxSF, ante el silencio de los demás portavoces”, dice en una nota.
Ciudadanos dice que la demanda ante el Tribunal de Cuentas viene a ratificar los informes policiales previos, que decían que si hubieran existido los controles económicos preceptivos, el robo no se habría producido.
“Con la demanda, el Ayuntamiento viene a reconocer la responsabilidad de los anteriores alcaldes andalucistas en el manejo de los caudales públicos, así como en la falta de atención en su custodia. El proceso contable ha desvelado la anormalidad en el manejo de las cuentas municipales por los sucesivos gobiernos andalucistas”.
Ante esta situación, CxSF dice que constituye un “gravoso escándalo” para la ciudadanía de San Fernando la permanencia en el gobierno municipal del partido andalucista, y en especial, de Manuel De Bernardo, actual delegado del área de Limpieza, “que se gastó 60.000 euros de todos los isleños en un informe parcial para autoexculparse”, por lo que exige su salida “inmediata”. Así mismo, es “pertinente” la adopción de medidas respecto a las personas que actualmente ostentan el empleo de intervención y tesorería, dice Ciudadanos por San Fernando.
En el supuesto improbable que no se decrete la salida del partido andalucista del ejecutivo municipal, "esta imagen de credibilidad que inicialmente ha dado el gobierno local, se convertiría en la mayor tomadura de pelo a los isleños de toda la historia".
La salida del andalucismo del gobierno municipal es "irremediable", a pesar de que la cantidad reclamable a los responsables subsidiarios no alcance el 4 por ciento del total perdido. "Hubiera bastado un solo céntimo de euro para provocarla".
Critica la “independencia” de los servicios jurídicos
Izquierda Unida dice que el alcalde, José Loaiza, “ha cogido el testigo” de su antecesor en la “rotunda” afirmación de que los ex cajeros Clemente Ruiz García y María José Lebrero, son los únicos responsables, de forma “directa y completa”, lo cual, “sólo la administración de Justicia” determinará en el proceso judicial.
No obstante, “pasa de puntillas y por imperativo legal” por las responsabilidades políticas, administrativas y contables, dejando y cuantificando las responsabilidades subsidiarias en “su más mínima expresión para salvaguardar un pacto de gobierno que les mantiene en el poder en vez de defender los intereses ciudadanos como es su obligación”.
IU se pregunta cuándo se ha visto que un servicio jurídico actúe y decida “con total libertad e independencia” al margen de los intereses de sus defendidos, como afirma el alcalde, “en un intento de eximirse de la decisión más tímida y pacata en defensa del municipio y la más beneficiosa para su socio de gobierno”.
IU, considera que por dignidad personal y política, De Bernardo debería dimitir como miembro del gobierno que le imputa y asumir de una vez por todas, su responsabilidad política y “si como nos tememos, esto no se produce en las próximas horas, debería ser cesado por decreto de alcaldía”.
IU considera una “falta de respeto” que el alcalde haya reunido a la Junta de Portavoces horas después de haber presentado la demanda en el Tribunal de Cuentas, y no antes y sin la posibilidad de conocer íntegramente el dictamen jurídico, cosa que no se ha hecho.
Tal y como se ha actuado, los portavoces sólo han podido saber lo mismo que el resto de los ciudadanos, aunque unos minutos antes. "Seguimos sin conocer la totalidad del contenido de la demanda y las consideraciones jurídicas en las que se sustenta".
"En resumen una nueva cacicada del alcalde, un nuevo ejemplo de la falta de transparencia en la gestión municipal y de incumplimiento de acuerdos municipales, y un ejemplo más de que se quiere mantener el gobierno a cualquier precio, incluso apoyándose en un partido y un concejal al que se acusa directamente de responsable subsidiario en el robo de la caja".
