No hay vuelta atrás, al menos de momento. Diego Bellido, el propietario de una unifamiliar en la calle Cabo de Nao que fue condenado junto a otros vecinos a pagar más de 6.000 euros a Ajemsa tras reclamarle los daños que sufrió su patio por unas obras de instalación de un colector, ya ha recibido el auto por el que se ejecuta el embargo del 15% de su nómina. Fue hace sólo dos días, cuando le llegó la notificación del Juzgado de 1ª Instancia, donde el juez decreta el embargo de sus bienes para dar cumplimiento a la sentencia.
Sin embargo, tanto él como el resto de sus vecinos, que están a la espera de que el Supremo haga el milagro, tenían esperanzas en que la alcaldesa, María José García-Pelayo, les diese otra solución. Como explica el afectado, hace unas semanas en el acto de inauguración del parque Vicenta Guerra, Pelayo y varios delegados municipales se interesaron por el caso e incluso llegaron a ver los videos que presentaron en el juicio. Quedó en llamarles para intentar “buscar una solución”, pero desde entonces no han vuelto a saber nada. “Hemos intentado contactar pero ha sido imposible y ahora nos llega esto”, lamenta.
