El último pleno del año ha aprobado de forma definitiva las nuevas ordenanzas fiscales que entrarán en vigor a partir del próximo mes de enero. El edil de Economía y Hacienda, el popular Manuel Aguilar, ha defendido que el nuevo texto supondrá reducir el recibo del IBI un 8%, al haber rebajado el tipo impositivo del 0,57 al 0,53%. Contemplan además una rebaja del 60% de la plusvalía y la exención del pago de la misma a las víctimas de embargos hipotecarios. También mantendrá la exención de la tasa de basura para jubilados y desempleados y las ayudas a empresarios y emprendedores. Para el Consistorio, es algo "histórico" que las ordenanzas no hayan recibido alegación alguna, porque vendrán a "disminuir la presión fiscal sobre los ciudadanos".
Asimismo, el pleno ha aprobado la ordenanza reguladora del uso común del Palacio de Congresos. Se trata de normalizar y regular el desarrollo de actividades y actos sociales o comerciales en este recinto congresual, para “poner en valor estas instalaciones, fomentando la actividad comercial y de congresos”. Esta ordenanza incluye una bonificación de entre el 90 y el 100% para las asociaciones, con domicilio en la localidad, que desarrollen actividades culturales. La misma rebaja se aplicará para las asociaciones y fundaciones sin ánimo de lucro que realicen actividades de interés social y cultural para el municipio.
La sesión, con un único punto en el orden del día -algo que ha sido muy criticado desde las filas socialistas-, ha aprobado de forma definitiva el expediente de estudio de detalle de la unidad de ejecución UEN-R19 Camino del Alcornocal, promovido por el Ayuntamiento. La edil del área de Fomento, Susana Arahuetes, ha explicado que el expediente cuenta con los informes técnicos y jurídicos favorables y que se ajusta a lo establecido en el PGOU.
Los asuntos urgentes del PSOE
Ya en el orden de asuntos urgentes, los socialistas han puesto sobre la mesa de urgencia de crear una oficina que atienda a las familias afectadas por desahucios; que el pleno se pronuncie en contra de la nueva Ley de Tasas Judiciales; que se adelante la paga extra de junio a enero y de la diciembre a julio a los empleados municipales y, por último, que la Corporación se pronunciara en contra de las prospecciones de gas en el litoral. Todas las solicitudes han contado con el voto contrario del equipo de Gobierno popular, por lo que no se ha entrado si quiera a debatir el fondo de las cuestiones.
Ruegos y preguntas
Muchas preguntas y algún que otro ruego de los socialistas que ha sido contestado por el propio regidor popular, José María García Urbano en la breve sesión plenaria de este jueves. Los socialistas querían conocer, en detalle, los gastos que ha supuesto para Estepona recoger el galardón de Estepona, Ciudad Europea. Si bien en principio se presupuestó que el traslado y alojamiento supondrían unos 10 mil euros para las arcas municipales, finalmente ha costa unos 5.700 euros, "un dinero que bien merece la pena, se celebrarán medio centenar de eventos, y el municipio acogerá la final de la etapa de la Vuelta Ciclista de España", defendió el popular.
Sobre la orden de desalojo de siete de las viviendas del grupo escolar de Santo Tomás de Aquino, que tanto fue criticado desde PSOE, el alcalde sostiene que, según la información que tiene la propia Policía Local, ninguna familia quedará sin hogar, temor que tenían los socialistas, porque "muchas de las viviendas se usaban como guardamuebles".
La cesión de una parcela con un local en la urbanización Alcazaba Beach, también ha salido a escena, de la mano del portavoz socialista, David Valadez, quien preguntaba si se concedería el mismo trato al resto de colectivos. García Urbano argumentó que se trata de un trámite temporal, hasta que se enajene esta propiedad municipal, quitando hierro al asunto.
Por su parte, el portavoz de Ciudadan@s Independientes de Estepona, Juan Manuel Rodríguez, pidió al Consistorio que contestara las peticiones del Defensor del Pueblo Andaluz, en nombre de la Plataforma de Padres Afectados por el ERE. Y es que este colectivo puso en manos de José Chamizo su preocupación por la situación en que quedan las guarderías municipales tras el Expediente de Regulación de Empleo que supuso el despido de 27 profesores de estos centros. García Urbano ha reiterado que contestarán al ente andaluz en cuanto les llegue la notificación, pero lo cierto es que es ya la segunda vez que hacen oídos sordos.
