El grupo municipal socialista pedirá al Gobierno que publique los decretos de pago de productividades y gratificaciones porque le parece “una barbaridad” esos presuntos sobresueldos, “ya que el Ayuntamiento paga a su libre albedrío”, según señaló el concejal Julio Delgado, quien matizó que se produce un claro agravio porque hay trabajadores que no se benefician de ese decreto a pesar de trabajar en las mismas condiciones que los beneficiarios.
De otro lado, Delgado señaló que Urbanismo estuvo apunto de contratar a un arquitecto para la elaboración del PGOU que estaría aún trabajando para el Ayuntamiento de Utrera. Igualmente, criticó la contratación del director técnico para el PGOU, preguntándose si existe algún tipo de incompatibilidad, porque dispone de un gabinete particular. Asimismo, criticó que el nuevo cargo de confianza desempeñe un trabajo particular regularizando parcelas ilegales. En este sentido, mostró a la prensa un cartel de la empresa del cargo de confianza donde ésta se presta a regularizar parcelas ilegales “a buen precio”. Esta situación es “incompatible” con el cargo de confianza, según Delgado, quien también habló de un coste cercano a los 5.000 euros mensuales del director del PGOU y el nuevo cargo de confianza.
De otro lado, lamentó que el Gobierno se jacte del pago a proveedores, cuando en realidad el Ayuntamiento ha dejado de sufrir “una ristra de deudas pequeñas” para contraer una voluminosa de la cual se pagan los intereses. Se firmaron operaciones por valor de 15 millones de euros, preguntándose a este respecto cuánto se ha pagado de esa deuda, cuando se ha pagado alrededor de 900.000 euros de intereses, no así del capital del préstamo. De aprobarse un tercer año de carencia en esta operación, aumentaría la deuda del Ayuntamiento. “Que digan qué llevan ejecutado del plan de ajuste, porque nos tememos que no se está cumpliendo en cuanto a los trabajadores, previsiones de ingresos, etc. Que enseñen las cuentas públicamente y que no mientan”, concluyó el concejal socialista, quien también mostró a la prensa los recortes de periódicos donde responsables de Ai-Pro pedían a la anterior alcaldesa que se bajara el sueldo para cobrar 1.000 euros al mes, “y ahora que gobiernan dicen que hay que dignificar la clase política, que se lo digan a los padres de familia y a los que no llegan a final de mes”.
Valoración del pleno
Por su parte, el portavoz del grupo, Isidoro Gambín se refirió al último pleno celebrado, para mostrar su “indignación, porque no podemos consentir que el Gobierno PP-Ai-Pro manipule y engañe al ciudadano”. Gambín lo manifestó en alusión a la modificación de la tarifa del agua. Para ello se remitió a las tarifas aprobadas en 2012, que ya suponía una subida de entre el 30 y el 70 por ciento durante tres años, amén de haberse incluido bonificaciones para familias numerosas, parados de larga duración y pensionistas. No obstante, reconoció que el gobierno socialista no aprobó bonificaciones para estos colectivos. El concejal se preguntó por qué se llevó al Pleno una nueva modificación después de unos meses, “porque se trata de limitar lo aprobado en las ordenanzas del año pasado”.
Gambín resumió su postura sobre esta modificación asegurando que el Gobierno “vende” este asunto como “una rebaja” a los colectivos, cuando en realidad se ha limitado el número de beneficiarios, posiblemente con el ánimo de beneficiar los intereses de la empresa concesionaria del servicio de agua. Por ello, invitó a los arcenses a comprobar las tarifas aprobadas en 2012 y las aprobadas en el pleno del pasado lunes. “Nos han engañado o no se han leído los papeles, porque si se los hubieran leído no hubieran aprobado la modificación. Ellos mismos se han corregido para que no haya tanta gente con derecho a bonificaciones”.
Sin embargo, para Gambín lo más grave es que se procedió a la adjudicación del servicio de agua en función a las tasas aprobadas en 2012. A los pocos meses de entrar en servicio la empresa Aqualia como concesionaria, se produce una nueva modificación. “Aquí se produce un beneficio para la empresa. Se han cambiado los requisitos de la concesión y esto es muy grave”. Para el mismo, “el equipo de Gobierno ha añadido en un mes y medio en gasto de políticos y cargos de confianza en 70.000 euros al año”, en alusión a la incorporación de los nuevos concejales del PP y Ai-Pro y un nuevo cargo de confianza adscrito a Ai-Pro. “Como no tienen bastante con 14 concejales y cuatro cargos de confianza, contratan a nuevo cargo que cobrará 35.000 euros al año. Dicen que contienen el gasto, pero el gasto para los demás, no para ellos. Suben los impuestos y para todos los demás pérdida de poder adquisitivo”. Gambín concluyó enumerando los salarios del personal de confianza del Ayuntamiento, en consideración que el gasto en este sentido se ha disparado.
