Así lo explica el magistrado en el auto en el que este miércoles acordó el ingreso en prisión incondicional de Correa –del que dice que trató de huir el día 7 a un país centroamericano– y de dos de sus más estrechos colaboradores en esta trama, su primo Antoine Sánchez y Pablo Crespo, secretario de organización del PP gallego hasta 1999.
El juez anuncia en esta resolución que se está investigando la “identidad y cargos” de esos “funcionarios y autoridades públicas” que recibieron “dádivas y sobornos”, “al objeto de tomar las decisiones que correspondan en derecho”.
Según lo investigado en las diligencias 275/08, “en la causa existen indicios suficientes de que los imputados, en unión de otros, establecieron un conglomerado de empresas para nutrirse de fondos de entidades públicas, en particular en algunos ayuntamientos y comunidades autónomas”, principalmente de las comunidades de Madrid y Valencia “para obtener un beneficio propio”.
Se trata, según Garzón, de “un grupo organizado de personas y empresas”, liderado por Correa del que forma parte “en inmediata relación de jerarquía” Pablo Crespo, Antoine Sánchez y “otros imputados en esta causa”. Por todo ello les imputa delitos de asociación ilícita, blanqueo de capitales, fraude fiscal, “varios delitos” de falsedad, “múltiples delitos” de cohecho y “diversos delitos” de tráfico de influencias.
La principal finalidad de este grupo “a lo largo del tiempo, y, como mínimo en los últimos diez años, ha sido “captar negocios” y “fondos” en las comunidades autónomas de Madrid y Valencia, a través de ese conglomerado empresarial, expone el juez.
El juez relata que “el detonante” que activó el pasado viernes la operación Gürtel fue el riesgo de fuga de Correa, que planeaba salir de España el día 7 tras un acto en Barcelona con ayuda de Crespo.
A última hora de ayer, Garzón dejó en libertad con comparecencias semanales y prohibición de salir de España al último detenido en la operación Gürtel, Álvaro Pérez Alonso, conocido como el bigotes, responsable de la empresa Orange Market y arrestado en la noche del lunes en Valencia.
RECUSACIÓN DE GARZÓN
El PP, en el escrito que ayer presentó ante la Audiencia Nacional para pedir la recusación del juez Baltasar Garzón, se remonta al año 1993, cuando el magistrado fue incluido en la lista electoral del PSOE, para demostrar su “enemistad manifiesta” con los populares.
El PP ha solicitado personarse como acusación particular “por indefensión manifiesta” en la causa que investiga Garzón y ha instado a la recusación del magistrado.
Para justificar la recusación, el PP repasa la trayectoria política de Garzón, destacando su permanente animosidad contra el PP, que a su juicio le privan de la “necesaria y exigible imparcialidad”.
Recuerda que desde que Garzón ordenó las primeras detenciones en el llamado “caso Gülter” han sido filtradas a los medios de comunicación informaciones que forman parte de las diligencias secretas.
El PP menciona como la “última y más grave puesta en escena de la animadversión del juez”, la cacería que el pasado fin de semana compartió Garzón con el ministro de Justicia en Jaén “en una insólita versión lúdica del principio de unidad de poder y separación de funciones”, según los 'populares'.
En el documento entregado a la Audiencia se recogen también las declaraciones de dirigentes socialistas desde que se destapó la trama de corrupción, que -a su juicio- demuestran el interés directo del PSOE en implicar a los 'populares' como responsables último de los hechos investigados.
Según el Partido Popular, desde el primer momento “el asunto fue planteado como una causa general contra el PP” y no ha sido la primera vez que Garzón exhibe su relación con el PSOE.
CAMPS DEFIENDE A LA GENERALITAT
l president de la Generalitat, Francisco Camps, garantizó ayer que la Administración autonómica funciona de manera “transparente y correcta”, y reivindicó que “el que la haga, que la pague”, aunque, “de momento, en España quienes pagan por corrupción son los socialistas”.
Camps hizo estas afirmaciones en la sesión de control de Las Cortes Valencianas, a las preguntas del portavoz socialista, Ángel Luna, quien instó a Camps a explicar por qué el empresario José Luis Ulibarri consiguió en 2005 “todo tipo de contratos” en materia audiovisual. Camps inició su réplica mostrando desde la tribuna una fotografía de Zapatero saludando a Ulibarri.