Los alcaldes de once municipios de Almería han firmado este jueves su adhesión al Programa Andaluz de Defensa de la Vivienda de la Junta de Andalucía en un acto que ha estado presidido por la consejera de Fomento y Vivienda, Elena Cortés, quien ha agradecido a los regidores su implicación en esta oficina con la que se "ha demostrado que la resignación de las administraciones frente a los desahucios no estaba justificada".
Así, los alcaldes de Abla, Albox, Alcolea, Níjar, Rioja, Serón, Terque, Tíjola, Velefique, Vera y Vícar se han unido a este programa que "supuso una ruptura de la neutralidad institucional entre las víctimas de la crisis y las entidades financieras, ya que entre ellas existe un abismo de estatus y de privilegios que hace inaceptable la equidistancia de las administraciones", según ha explicado Cortés.
La consejera ha animado al resto de municipios almerienses y a la Diputación Provincial a adherirse al programa para "ampliar y fortalecer el bloque institucional contra los desahucios en Andalucía". En esta línea, ha hecho llamamiento a las familias que se encuentren en riesgo de desahucio que pierdan "el miedo" y "la vergüenza" y acudan a la oficina para ser asesorados.
La oficina de Almería ha atendido 368 casos: 66 de ellos en el área de prevención, 246 en la de intermediación y 56 en la de protección. Cortés ha advertido que, en el área de prevención, los funcionarios que asisten estas oficinas han detectado que aún se firman contratos con cláusulas "abusivas", algo "inaceptable", a juicio de la consejera.
En la fase de intermediación han acudido a las oficinas 246 familias, que se "mantienen en sus viviendas gracias al asesoramiento temprano de los funcionarios de la oficina, o bien a negociaciones con las entidades financieras que han desembocado en forma de soluciones como renegociaciones del préstamo, carencias, daciones en pago con o son alquileres sociales o reestructuraciones de deuda", entre otras.
En la fase de protección, han acudido a la oficina 56 personas. En estos casos, la mediación de la Consejería abarca medidas que van desde contactar con las entidades financieras o con los juzgados para intentar dilatar suspender los desalojos hasta pedir a los servicios sociales de los ayuntamientos que arbitren soluciones de urgencia, supervisando en todo caso que la familia no queda sin alternativa habitacional.
