Como ocurre en el sector de las eléctricas, las operadoras nacionales del ciclo integral del agua mantienen unas relaciones bastante tensas; sin embargo, hay una cuestión en la que sí se han puesto todas de acuerdo en busca de una reacción por parte de las administraciones públicas: la necesidad de acometer de inmediato las obras necesarias para la mejora en el saneamiento y depuración de todos los municipios españoles. Trasladada la cuestión a Andalucía y, más concretamente, a la provincia de Cádiz, las expectativas son más que alarmantes, y al requerimiento de la empresa privada se ha sumado también la Diputación de Cádiz, puesto que de las 35 actuaciones necesarias en la provincia -según ha puntualizado el presidente José Loaiza-, la Junta de Andalucía no ha ejecutado hasta el momento ni una de ellas, y el plazo límite expira en 2015, que es la fecha tope impuesta desde la Unión Europea para cumplir con los objetivos definidos en la directiva marco de aguas.
La crítica se agrava aún más si se tiene en cuenta que la Consejería de Medio Ambiente estableció un impuesto especial en 2011 para ayudar a financiar las obras necesarias y con el que pretendía recaudar del orden de 150 millones de euros. Ya ha recaudado más de una tercera parte -casi 60 millones de euros-, pero de momento no han revertido en ninguna ciudad.
Jesús Maza, presidente de la Asociación de Abastecimientos de Agua y Saneamientos de Andalucía, reconocía este viernes que “en abastecimiento la situación es buena, pero queda mucho por hacer en materia de depuración, y si en 2015 no cumplimos con la directiva europea nos caerán las sanciones desde la UE, y no cabe duda de que esas sanciones terminarán repercutiendo en las tarifas del agua y en el ciudadano”. En este sentido, Maza recuerda que la Junta lleva dos años recaudando un canon de depuración que ya tenía que haberse plasmado en la realización de inversiones e infraestructuras en toda la provincia de Cádiz, donde hay previsto invertir 150 millones de euros. Unas inversiones que, según sus cálculos, repercutirían en la creación de más de mil puestos de trabajo -directos e indirectos- en nuestra provincia, con lo que se puede estar perdiendo una doble oportunidad.
Según reveló hace unas semanas el propio consejero de Medio Ambiente, Luis Planas, en la provincia de Cádiz está previsto comenzar con las demandas obras con las actuaciones para la eliminación del vertido de efluente de la depuradora a la sima de Villaluenga, los colectores de aguas residuales de la aglomeración urbana de Bolonia-El Lentiscal, la ampliación de la estación de Rota y la adecuación y adaptación a la legislación vigente de la EDAR de Jerez, que se ha procedido a licitar el pasado mes de abril para concluir lo que resta de la actuación.
Además, Planas ha resaltado la inversión que ha realizado la Junta en los últimos años para la construcción de infraestructuras hidráulicas de saneamiento y depuración. En total, 141 millones de euros en obras declaradas de interés de la comunidad autónoma desde la implantación del canon de mejora autonómico en mayo de 2011 hasta diciembre de 2012, periodo en el que la administración autonómica ha recaudado 59,15 millones procedentes del canon.
Sin embargo, esas cifras contrastan con la realidad perfilada por el presidente de la Diputación, José Loaiza, que ha recordado a Planas que la legislación “está para cumplirla en su integridad” y ha asegurado que hasta el momento la Junta ha estado cobrando el canon de depuración “pero no está cumpliendo con su servicio”.
Según cita Loaiza, en la provincia hay pendientes 35 actuaciones en materia de depuración de aguas, aunque los casos más graves son los de aquellos municipios que a estas alturas siguen careciendo de su propia estación depuradora. “En la provincia hay actualmente instaladas 75 depuradoras, una está abandonada y 21 no cumplen con los requisitos. Pero es que además hay muchos municipios que no es que no tengan depuradora, es que ni se las espera, y no digo ya de aquí a 2015, sino en 2025 o 2030, con la gravedad de que a la altura que estamos nos encontramos con que muchas de esas ciudades están dentro de un parque natural como el de Grazalema, lo que me parece mucho más grave”.
En su opinión, “si nos están cobrando un canon, hagan las obras, ya que los ciudadanos tienen derecho a que se culpla con ellos”, recalcó el presidente de Diputación.
Además, Loaiza puso como ejemplo lo ocurrido actualmente en Jerez, a la hora de contraponer los esfuerzos de una administración -la local- frente a otra -la autonómica-. “Tenemos el caso de un ayuntamiento que ha hecho un esfuerzo y que ha obligado a Aqualia en Jerez a no subir el recibo por encima del IPC, y sin embargo ese recibo se ha visto ahora incrementado con motivo de la subida del canon de la Junta, con la circunstancia de que no se está cumpliendo con las inversiones que hay que realizar en la ciudad. Aquí no cuadra algo”, concluyó.
De hecho, la propia alcaldesa de Jerez, María José García Pelayo, resaltaba en este periódico la pasada semana que la cuestión no se reduce sólo a que el recibo haya subido ahora con la subida del canon de la Junta, sino que volverá a hacerlo durante los dos próximos años, para seguir contribuyendo a la ejecución de unos trabajos que, principalmente, desde las filas del PP ven muy complicado que estén realizados llegado el plazo de 2015.
Frente a tales críticas, el consejero de Medio Ambiente ha recordado que se trata de una cuestión que afecta a toda España, por lo que “estamos abordando con carácter prioritario las actuaciones pendientes, lo que supone un considerable esfuerzo en las difíciles condiciones presupuestarias actuales”.
Cuatro años a la espera del final de las obras de la EDAR de Jerez
Una de las asignaturas pendientes de la Consejería de Medio Ambiente con el Ayuntamiento de Jerez es la culminación de las obras de adecuación de la Estación Depuradora de Aguas Residuales. Las obras se iniciaron en 2009, pero se paralizaron definitivamente hace casi dos años, en agosto de 2011. Hasta este pasado mes de abril, la Junta no volvió a sacar a licitación los trabajos, por lo que se espera una pronta readjudicación de los mismos para culminar el 21% del proyecto que quedó sin ejecutar.
Los trabajos comenzaron en marzo de 2009 y desde el principio acumularon retrasos “imputables a la climatología, ya que en los últimos meses de 2009 y los primeros de 2010 la zona sufrió inundaciones que afectaron a la instalación de la Edar y que provocaron retrasos de unos cinco meses”. Posteriormente fue necesario ampliar en otros seis meses la ejecución del proyecto, “en este caso por necesidades de coordinación con la explotación ordinaria de la Edar”. Por último, se tuvo que proceder a la rescisión del contrato con la empresa adjudicataria inicial, para una vez efectiva la resolución del contrato, se proceda a la contratación de una nueva empresa para finalizar las obras dentro de un nuevo plazo.
Finalmente, la Consejería de Medio Ambiente sacó a licitación las obras pendientes para la adecuación de la estación depuradora de aguas residuales urbanas (EDAR) de Jerez el pasado mes de abril, mediante una inversión final de 3,1 millones de euros. Con esta iniciativa, la Junta de Andalucía finalizará las obras de ampliación de esta planta depuradora, que se encuentran ya al 78,91 por ciento de su grado de ejecución.