El Juzgado de Instrucción número 3 de la Palma del Condado ha ordenado el procesamiento del exequipo del Gobierno del PSOE en Almonte por un delito de prevaricación y fraude en la contratación en relación con la compra del campo de golf de Matalascañas.
Este juzgado, según han confirmado a Efe fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), ha emitido auto de transformación en procedimiento abreviado dando traslado del mismo al Ministerio Fiscal y a las acusaciones particulares, de forma que se ha optado por continuar la instrucción y no sobreseer el caso al advertir indicios de delito.
Las mismas fuentes han indicado que si bien en un primer momento tanto en la denuncia como en la imputación inicial se apuntaba también un posible delito de malversación de caudales públicos en esta operación el juez instructor lo ha eliminado del procedimiento, por lo que ahora sólo se les imputan los de prevaricación y fraude en la contratación.
El procesamiento es consecuencia de la denuncia presentada el 7 de marzo de 2012 por el actual equipo de Gobierno (PP), centrada en el acuerdo de pleno de 8 de abril de 2009, de permuta de parcelas y adquisición de participaciones sociales de Exclusivas Doñana S.L, por el que el Consistorio se quedaba con las instalaciones de golf a cambio de parcelas en El Rocío.
Un acuerdo que, consideran los populares, se adoptó "al margen del procedimiento legalmente establecido y en cumplimiento del protocolo suscrito en noviembre de 2008 con el Ayuntamiento de Almonte".
La denuncia se formuló contra Francisco Bella, alcalde en la fecha de los hechos, y los doce miembros de su equipo de Gobierno que votaron a favor de los acuerdos de permuta de las parcelas urbanas ubicadas en la aldea de El Rocío y de la adquisición de todas las participaciones de la sociedad Exclusivas Doñana S.L.
Del mismo modo, figuran en la denuncia otras cinco personas en calidad de vendedores del campo de golf desde la sociedad mercantil Exclusivas Doñana S.L.
El PSOE en el Ayuntamiento de Almonte hizo efectiva la compra a finales de 2008 a pesar de contar con el rechazo del PP y de la Asociación de Propietarios de Matalascañas, ya que consideraban un fraude la venta al entender que la única beneficiaria era la empresa y los grandes perjudicados los vecinos.