El alcalde de Granada, José Torres Hurtado, y el juez decano de Granada, Jesús Rodríguez Alcázar, han firmado un protocolo pionero por el que funcionarios judiciales informarán a los ciudadanos objeto de desahucio de la posibilidad de acudir a los servicios municipales y la Oficina de Intermediación Hipotecaria que el Consistorio ha puesto en marcha con el Colegio de Abogados.
El juez decano de Granada ha explicado que cuando se inician los procedimientos judiciales de desahucio hay familias que se encuentran en "desamparo", al no saber dónde dirigirse o qué recursos tienen a su disposición, motivo por el que comenzó a estudiarse la posibilidad de elaborar un protocolo de actuación en colaboración con los servicios sociales del Ayuntamiento.
Este protocolo actuará en dos fases, de modo que cuando los funcionarios de los Juzgados de Primera Instancia detecten un caso que puede acabar en desahucio informarán a los afectados de la posibilidad de acudir a los servicios sociales de su barrio y al servicio de mediación que está funcionando en el Ayuntamiento en materia hipotecaria.
A este trámite inicial le seguirá, cuando ya el procedimiento esté más avanzado y se haya notificado el desahucio, una segunda fase en la que pasará a intervenir el Servicio Común de Notificaciones y Embargos.
En este momento, los funcionarios solicitarán autorización a los afectados para dar cuenta de esta situación a los servicios sociales municipales, de modo que los técnicos puedan dirigirse a estar familias para informarles de los recursos que tienen a su disposición, todo ello para mitigar "la situación tan dura" a la que se enfrentan estas personas, ha detallado el juez decano de Granada.
Asimismo, ha explicado que tras la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre los desahucios, por la que se abrió un nuevo plazo para que las partes presentaran alegaciones, se detectó desde antes del verano un reducción en el número de lanzamientos, pero "ahora" los procedimientos se están reanudando" de nuevo.
Interrogado por si animaría a las personas a denunciar las cláusulas suelo, el juez decano de Granada ha explicado que hay una sentencia importante en este campo del Tribuna Supremo que sin embargo no acaba de aclarar totalmente la cuestión y no existe un criterio claro, por lo que se está produciendo un "pronunciamiento diferente en las distintas capitales".
Por su parte, el concejal de Familia y Bienestar Social, Fernando Egea, ha explicado que este protocolo adquiere mayor relevancia si se tiene en cuenta que buena parte de las personas que son objeto de un proceso de desahucio no suelen ser usuarios habituales de los servicios sociales y "tienen cierto reparo en acudir", por lo que de este modo se pretende informarles de que pueden hacerlo.
Por su parte, el secretario coordinador provincial de los Juzgados de Primera Instancia, Daniel de la Rubia Sánchez, ha explicado que el pasado año en la capital se contabilizaron entre 800 y 900 procedimientos de desahucios, casi 2.000 en la provincia, aunque la media de los que conllevan el lanzamiento efectivo es de un veinte por ciento.