Medio centenar de personas, convocadas por la plataforma '15M Stop Desahucios', se ha concentrado este lunes en la capital cordobesa para mostrar su apoyo a los desalojados de la 'Corrala Utopía' en Sevilla, al tiempo que reclaman una reunión a la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, ante "la situación de emergencia habitacional" en la comunidad autónoma y para que se tomen "medidas mucho más decididas de las que se toman".
En este sentido, el portavoz del colectivo, Rafael Blázquez, ha manifestado que "la gente de la 'Corrala Utopía' no era una gente más", sino que es "gente luchadora y que ha peleado por el derecho a una vivienda digna", y ha criticado el trabajo en este desalojo con "varios actores", concretamente se ha referido a la banca, el Ayuntamiento de Sevilla y el Gobierno andaluz.
Al respecto, le piden una reunión a Díaz porque "no solo desde la Consejería de Fomento y Vivienda, sino desde la Presidencia tiene que haber una implicación real para lo que hay en Andalucía, que es una situación de emergencia habitacional", al tiempo que lamentan que se hayan "escandalizado" ahora con la situación de la 'Corrala Utopía', pero no "durante años y años que han echado a miles de familias a la calle con una deuda de por vida".
Por otra parte, ha reprochado la oposición del Gobierno a las medidas que defiende 'Stop Desahucios' y pide a los agentes policiales que "rechacen participar en ordenes de desahucios".
Preguntado por la ocupación de "40 edificios" en Córdoba que investiga la Policía, aclara que "en la ciudad se dan ocupaciones que no tienen absolutamente nada que ver con 'Stop Desahucios'", y valora "el amparo" que se da desde la plataforma "a la gente que decide realojarse y que está en situación extrema", a lo que agrega que "en su día se dirá cuantas son y donde están".
Así, ha hecho mención a un caso de ocupación de una casa, por parte de Pilar Valderrama, que tiene unos ingresos de 230 euros, con dos hijos de 12 y 14 años, y que "estaba en un piso alquilado y tuvo que salir porque no podía pagar el alquiler; decidió ocupar una antigua vivienda en la que había vivido y que llevaba más de cuatro años vacía". Desde hace más de un año, presentó la petición de vivienda social, pero "no se la dan", y ante ello ocupó la casa, pero la Policía la detuvo unas horas por la ocupación y ahora está imputada por el delito de usurpación, aunque subraya que no saldrá hasta que se resuelva su situación por la vivienda.
Entretanto, el portavoz del colectivo ha destacado que dicha concentración estaba "comunicada exactamente igual como todas las demás" a la Subdelegación del Gobierno, aunque desde dicha administración apuntan que "estaba comunicada, pero fuera de plazo", si bien destacan que no es el primer colectivo y aceptan que se celebre "siempre que se respete la legalidad". En este caso valoran que no se ha registrado ningún incidente.