El exministro y ex secretario general del Partido Popular Francisco Álvarez-Cascos ha pedido prisión provisional y una fianza de 20.000 euros para el abogado de Izquierda Unida Enrique Santiago por haber sido implicado la supuesta financiación ilegal del PP y el cobro de donaciones irregulares destapadas a partir de los denominados 'papeles de Bárcenas'.
Enrique Santiago, miembro de la dirección federal de IU, ha recibido este lunes la formalización de la querella que Cascos interpuso contra él como abogado que coordina las actuaciones de la coalición en la investigación que se sigue en la Audiencia Nacional por el denominado 'caso Bárcenas', según ha confirmado a Europa Press.
El exdirigente 'popular' había interpuesto la querella en el Juzgado Número 3 de Oviedo a principios del pasado mes de octubre al considerar que las acusaciones contra él se hicieron para "trepanar" su dignidad, "colocándola en una situación irreparable y probablemente irreversible".
A su juicio, el único objeto de estas acusaciones relacionándole por con la supuesta financiación irregular del PP es "despedazarle públicamente" atacando "gravemente su dignidad como político y como persona".
HUBO ACTO DE CONCILIACIÓN SIN ACUERDO
El asunto quedó sin acuerdo en un acto de conciliación celebrado a finales del mismo mes de octubre al negarse el abogado de IU a retirar sus acusaciones. La coalición de izquierdas, junto a las demás organizaciones autoras de la querella por los 'papeles de Bárcenas', pidió al juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz la imputación de Álvarez-Cascos en la causa que investiga por su actuación como tesorero del PP entre 1990 y 1993.
Tras el fallido acto de conciliación, Santiago explicó que IU se limitó a incluirle en la causa después de las "múltiples" referencias hechas a él en el marco del caso en los informes policiales, los medios de comunicación y las declaraciones del propio Bárcenas.
Según subrayó, el extesorero 'popular' atribuye hasta 75 apuntes contables a Cascos de los papeles con la supuesta contabilidad B del partido como "receptor de dinero o recaudador de presuntos fondos procedentes de pagos ilegales al PP por parte de empresas", lo que supone "sobrados indicios de su presunta vinculación" con la causa.
