El titular del Juzgado de Instrucción número 31 de Madrid, Antonio Serrano-Artal, ha citado a declarar como imputado al exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato en la causa en la que le investiga por cinco delitos fiscales, uno de blanqueo y otro de alzamiento.
Serrano-Artal ha tomado esta decisión tras interrogar como testigo esta mañana a la inspectora jefe de la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (Onif), Margarita García Valdecasas, a la que se le ha preguntado por el informe que dio origen a este procedimiento.
En dicho informe, Hacienda alertaba de los "riesgos" derivados de que Rato pudiera ocultar pruebas o destruir documentos relacionados con operaciones de blanqueo y alzamiento de bienes y su intención de ocultar sus ingresos.
Durante veinte días, personal del Juzgado ha estado cotejando en la Oficina Antifraude los datos de los que disponía, y que son sobre los que se ha cuestionado a García Valdecasas, han informado fuentes jurídicas.
Esos fueron además los motivos que llevaron a Hacienda a pedir su detención el pasado 16 de abril y los registros en su domicilio y en su despacho, en los que los agentes de Aduanas se llegaron a incautar 40.000 documentos, han señalado las mismas fuentes, sobre los que ahora la Onif deberá realizar un nuevo informe.
En recientes resoluciones el juez ha delimitado al fraude fiscal la causa, ya que considera que el único delito "que empieza a aparecer perfilado es el de contra la Hacienda Pública", sin que tenga "relación -por ahora- con hechos que se puedan relacionar con actos de corrupción".
La Audiencia Provincial de Madrid ya consideró que "no se sostiene" la acusación de que Rato podría haber ocultado sus bienes para evitar el pago de la fianza del "caso Bankia", mientras que la Fiscalía Anticorrupción señaló que el de blanqueo no estaba "mínimamente aquilatado".
No obstante, la UCO (Unidad Central Operativa) de la Guardia Civil, a la que el juez encargó que colaborara con la Agencia Tributaria en el rastreo de un delito de blanqueo, continúa escaneando y analizando ese material antes de exponer sus conclusiones.
Por esta causa, el juez ordenó el embargo de todas las cuentas del ex director gerente del FMI, que deberá abonar una fianza de 18 millones si quiere levantar el bloqueo.
El que fuera llamado a suceder a José María Aznar al frente del PP recurrió esta medida cautelar y la Audiencia Provincial de Madrid tenía previsto resolver el pasado 6 de julio, aunque lo aplazó al pedirle más información al exbanquero.
