El Grupo popular del Ayuntamiento de Sevilla defenderá en el próximo pleno ordinario una moción que propone la creación de una representación de la institución, formada por todas las fuerzas políticas, para actuar ante cualquier instancia "supranacional, nacional, autonómica o local", en defensa del dragado de profundización del río Guadalquivir que promueve la Autoridad Portuaria.
Juan Ignacio Zoido ha expuesto esta moción precisamente a orillas del río Guadalquivir, junto a la sede de la Autoridad Portuaria de Sevilla. En este marco, ha defendido una vez más que "es posible" promover el dragado de profundización "salvaguardando las márgenes y riberas y preservando el espacio natural de Doñana", asegurando que el proyecto "es compatible con la modernización de los regadíos del arroz y la potenciación del sector agrícola" de la comarca del Bajo Guadalquivir, donde los agricultores temen que un incremento de la salinidad del río afecte a sus cultivos.
Zoido ha reconocido los "obstáculos" que sufre este proyecto, pero ha animando a superarlos, porque "poner en valor nuestro río" supondrá la llegada de barcos de mayor calado hasta el Puerto de Sevilla y una potenciación de la futura zona franca del Puerto, extremos que favorecerán al "sector industrial" de Sevilla con la consecuente creación de empleo. "El dragado es una auténtica necesidad y hay que hacer que sea una realidad dentro de muy poco", ha enfatizado.
"ACOMODAR" EL PROYECTO A LAS EXIGENCIAS
Reiterando que es necesario "acomodar" el proyecto al cumplimiento "de todas las prescripciones" técnicas y medioambientales, Zoido ha expuesto que el Ayuntamiento debe estar cerca de "los centros de decisión" de los que depende esta iniciativa, con una "mesa" institucional de la que formen parte "todos" los partidos representados en el pleno, toda vez que algunas fuerzas como Participa Sevilla (Podemos) se ha declarado ya contraria este proyecto por sus consecuencias medioambientales.
Hablamos del proyecto de dragado de profundización del río que desde hace años promueve la Autoridad Portuaria, para permitir que barcos de mayor calado lleguen hasta el Puerto de Sevilla, un proyecto que cuenta con el rechazo de los agricultores del Bajo Guadalquivir, al temer los mismos que un hipotético incremento de la salinidad del agua del río afecte a sus cultivos.
El proyecto, en concreto, prevé ampliar el calado del río de 6,5 a ocho metros de profundidad y su diseño inicial fue desechado en la pasada legislatura por el Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino, lo que obligó a la Autoridad Portuaria a reformular los términos del mismo. El diseño de la actuación, así, ha sido replanificado para acometer una profundización de 85 centímetros en 2015 y 65 centímetros en 2016 y 2017.
LA SENTENCIA DEL SUPREMO
Pero una sentencia del Tribunal Supremo imprimió un serio giro al asunto, al anular las disposiciones del Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica del Guadalquivir que hacían referencia al dragado de profundización, una actuación que el Supremo considera no está "justificada" y que no puede ser concebida como una medida complementaria del mencionado plan. Según el Supremo, no se justificaba de forma "específica" en el plan los motivos por los que se proyectaba esa obra que "ocasionará modificaciones o alteraciones de las masas de agua, con el consiguiente deterioro y su repercusión sobre uno de los enclaves más protegidos de Europa, Doñana".
A tal efecto, la Autoridad Portuaria emprendió las labores correspondientes a una nueva inclusión del proyecto en el Plan Hidrológico del Guadalquivir, corrigiendo los aspectos censurados por el Supremo, si bien la Comisión Europea, de su lado, ha incoado un procedimiento por infracción contra España, a cuenta del posible impacto del dragado de profundización en el parque natural y nacional de Doñana, declarado Patrimonio de la Humanidad.
