La moción del miembro de la oposición “simplemente busca incrementar el poder de sentencia de un juez ante un delito de distribución de pornografía, de 3 a 10 años”. Para el ministro de Justicia el problema real no recae en el incremento de sentencias, sino en la posesión, descarga o almacenamiento de imágenes infantiles pornográficas, que en la actualidad en Gibraltar no es un delito.
“El Gobierno”, aseguraba ayer Feetham “ya había dado los pasos adecuados para abordar ambos asuntos, ampliación de sentencias y posesión como delito, antes de los comentarios realizados por el portavoz de la coalición socialista liberal”.
El borrador del Ejecutivo incorpora específicamente el artículo 9 de la Convención del Consejo de Europa sobre cyberdelitos, que incluye una serie de situaciones informáticas relacionadas con la pornografía infantil y que conllevan un máximo de 10 años de presión. El Gobierno asegura que está actualmente a la espera de que el Colegio de Abogados emita su opinión sobre esta legislación. Feetham acusaba ayer a Picardo de no estar al día de las noticias publicadas en prensa sobre los pasos del Gobierno en este asunto, matizando que “el problema es muy serio y merece más madurez y consideración”.
El Gobierno gibraltareño tiene como objetivo presentar ante el Parlamento la nueva legislación a finales de junio, asegurando que esperará la respuesta del Colegio de Abogados para conocer su opinión sobre este asunto de vital importancia para las leyes gibraltareñas.
