“Creo que ahora tocaba desmantelar el sector de la formación privada para el empleo, y esta está siendo la manera”. Es la forma en la que se expresa Carmen (nombre ficticio para preservar su anonimato), propietaria de uno de los 300 centros privados de formación para el empleo que hay en la provincia.
Desde que la Junta de Andalucía suspendiera las subvenciones para la formación en 2011, como consecuencia del sumario de instrucción de los cursos de formación, centros como el que dirige Carmen, han visto menguar considerablemente su volumen de trabajo hasta quedar al borde de “la ruina”. Y es que la principal actividad de la que se nutrían estos centros eran los cursos ofertados por la Junta para parados. Unos cursos que cada año salían en convocatoria pública, a través de la Consejería de Empleo, para estas empresas para sufragar la formación.
La Confederación de Empresarios de la provincia de Cádiz (CEC) cifra en más de 300 los centros de formación que colaboraron con la Junta hasta 2011, y que ahora han tenido que adaptarse al descenso de actividad generado por la falta de subvenciones.
Para Pedro, otro empresario del sector de la provincia que prefiere mantenerse en el anonimato, “la situación fue y está siendo dramática”, explica. En su caso, la actividad formativa se gestionaba en régimen de cooperativa, “pero teníamos además una plantilla de docentes, administrativos y demás personal que ha tenido que ir a la calle como consecuencia de que no entraba dinero”. Pedro echa también parte de la culpa a lo que denomina “competencia desleal de los chavales jóvenes que, sin saberlo, hacen mucho daño al sector al ofrecer clases particulares de refuerzo educativo, que fue un pequeño sector al que nos enganchamos cuando cayeron las ayudas de la Junta”.
La situación no afecta solo a las empresas: José Muñoz, portavoz en la CEC de las empresas del sector de la formación, cree que la paralización “está restando posibilidades a los desempleados de la provincia que ahora ya no pueden actualizar su currículum y acceder a la formación que ofertaban estos centros de formación, que, por ser privados, tenían una mayor capacidad que la formación reglada para adaptarse a los requerimientos del mercado de trabajo, y facilitaba así su inserción laboral. Y esto es responsabilidad de la Junta”.
Estos centros, explica el portavoz de formación de la CEC, “egresaban una gran cantidad de personas formadas, y daba trabajo a estos centros de formación, que tenían una estructura de personal y de insfraestructuras, que requería una inversión que ahora no les está siendo rentable”.
Reciclaje de formación
“No dejaremos de hacer formación, porque a mí personalmente es lo que me gusta. Pero ahora nuestro volumen de trabajo es mínimo, y procede bien de la enseñanza de idiomas, que ahora lo está demandando el mercado, y de la formación que nos encargan otras empresas para sus empleados”, señala Carmen. Una postura con la que coincide el portavoz de formación de la CEC, que además añade que otro sector de mercado que han perdido en estos últimos años y que “suponía un nicho de mercado interesante” eran las clases de apoyo de bachillerato, algo que también está peligrando por la “competencia desleal de las clases particulares a domicilio de personas que no se dedican profesionalmente a la formación”.
Falta de expectativas
Las ayudas están paralizadas, pero a finales de noviembre de 2015, la Consejería de Empleo de la Junta anunció que se reactivarían estas subvenciones.
La CEC ha expresado, a través del portavoz de empresas de formación, José Muñoz, que “confía” en que estas ayudas lleguen pronto.
Fuentes de la delegación provincial de la Consejería de Empleo consultadas por este medio aseguran que “ya están manteniendo reuniones con la Confederación de Empresarios de la provincia, pero estas son aún de carácter interno”.
Aunque existe recelo, al menos entre las empresas de formación que han querido hacer declaraciones al respecto: “ahora me pensaría mucho si volvería a colaborar con la Junta en caso de que se reactivaran esas ayudas, porque lo que hemos pasado no tiene nombre”, se queja la empresaria. Y añade que su sector “ha soportado el mal trato por parte de la Junta y por parte de los propios usuarios, que han canalizado su malestar con nosotros”.
“No es la primera vez que nos dicen que van a volver las ayudas, así que ya no sabemos si creérnoslo”, critica Pedro.
Un cambio en la legislación obliga a que ahora, para la concesión de nuevas ayudas, estén al día todos los justificantes, y aquellas empresas de formación que estén a la espera de aportar justificación, no podrán acogerse a futuros planes de subvenciones.
El sistema por el que funcionaba estas ayudas, según explican algunas de estas empresas, consistía en que “la Junta adelantaba un 75% del dinero, y la empresa luego tenía que justificar el 100%”. Para recibir una nueva subvención, la empresa tenía que tener al día todas las justificaciones de qué habían hecho con el dinero público recibido. Pero si “la Junta no pagaba el dinero en su totalidad, la empresa podía aplazar el envío de la documentación justificante, y la Junta exoneraba temporalmente de enviar la documentación para poder conceder una nueva subvención. Pero tenemos toda la documentación presentada, de todo lo que hemos recibido y todo lo que se ha hecho”.
Es una situación que la CEC considera de “absoluta indefensión para las empresas del sector” que han sido doblemente “castigadas” ya no solo por la falta de recursos y las trabas burocráticas, también por la mala fama que se ha creado en torno a estas empresas desde que saltó el escándalo de la financiación irregular de los cursos de formación que ha salpicado a la Junta, a sindicatos, a funcionarios y a centros de formación. Estos últimos se sientes “especialmente agraviados”, porque esa exoneración temporal que “nos permitía la Junta, ha dado lugar a malas interpretaciones, y poco menos que parece que la Junta nos perdonaba la vida. No es así. Era un aplazamiento temporal hasta que la Junta nos diese el total del dinero quenos correspondía de esas subvenciones”, explican algunos empresarios de la provincia.
El escándalo sobre los cursos de formación está siendo investigado en sede judicial, y en el mes de marzo comenzarán las comparecencias de interventores y técnicos en la cámara andaluza sobre este tema. Sobre la instrucción del caso la delegación provincial de la Consejería de Empleo de la Junta ha preferido no pronunciarse, argumentando que “no emitimos valoraciones sobre procesos judiciales, más allá de respeto a la Justicia y máxima disposición por nuestra parte para colaborar con ella”, tras ser preguntada por el informe emitido por el Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, en el que se critica la “poca colaboración de algunas delegaciones del SAE”.
Sobre el caso de la delegación del SAE en la provincia, el informe judicial dice textualmente que “merece mención aparte” porque la oficina del SAE de Cádiz “no ha aportado ni un solo documento de los requeridos” en la investigación del destino de las ayudas de estos cursos de formación.