Ecologistas en Acción y la Asociación Medioambiental Toniza han presentado un escrito con un total de 121 alegaciones al PGOU de Chiclana más otras 154 alegaciones al supuesto Estudio Ambiental Estratégico. Además, se ha presentado otro escrito conjunto con Agaden con 35 alegaciones en relación con la carencia de Evaluación Ambiental Estratégica (EAE), causa por la que numerosos planes urbanísticos están siendo anulados por los tribunales de justicia.
En contra de lo anunciado reiteradamente por los responsables municipales, el plazo de presentación de alegaciones no ha terminado, pues la legislación que regula el derecho de participación pública distingue claramente entre el periodo de exposición pública de un plan y el de presentación de alegaciones. Así, tanto la Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas, como la Ley 27/2006 por la que se Regulan los Derechos de Acceso a la Información y a la Participación Pública en materia de medio ambiente, reconocen el derecho a los ciudadanos: “A formular alegaciones y a aportar documentos en cualquier fase del procedimiento anterior al trámite de audiencia, que deberán ser tenidos en cuenta por el órgano competente al redactar la propuesta de resolución”.
En las alegaciones conjuntas de las tres entidades ecologistas se insiste en la nulidad de este PGOU por no haberse sometido al procedimiento de Evaluación Ambiental Estratégica, tal y como advirtieron los propios ecologistas en el Pleno del Ayuntamiento de 24 de febrero pasado en el que se sometió al PGOU a la Aprobación Provisional II. El Ayuntamiento, con la complicidad de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía, ha seguido con el procedimiento que ha anulado ya numerosas veces el Tribunal Supremo (TS), en base al principio de “Sostenella y no Enmendalla” según afirman estas asociaciones.
Además, Toniza y Ecologistas en Acción han presentado otro documento de 121 alegaciones al PGOU más otras 154 alegaciones al supuesto Estudio Ambiental Estratégico, alegaciones que se pueden resumir en crecimientos desmesurados e injustificados de población y por ende de zonas urbanizables, proyectos de alto impacto sin justificar e importantes espacios naturales muy perjudicados con la nueva ordenación.
Por todo lo expuesto, los ecologistas han solicitado al Ayuntamiento que acepte las "fundadas alegaciones y que se inste a la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio a revocar la supuesta Declaración Ambiental Estratégica y se inicie una verdadera Evaluación Ambiental Estratégica desde su inicio".
Por último, estos grupos ecologistas han advertido que, en caso de persistir en aprobarse un PGOU que vulnera normativas urbanísticas y medioambientales, se podría "estar incurriendo en un presunto delito de prevaricación, y que de mantenerse esta tramitación fraudulenta y persistir en promover un modelo de ciudad insostenible, imposible de gestionar por sus dimensiones y desorden, y que solo responde a la inercia de un modelo urbanístico fracasado que ha provocado la mayor crisis económica que ha vivido nuestro país en las últimas décadas, nos reservamos el derecho a recurrirlo ante los Tribunales tal y como hicimos exitosamente con el anterior PGOU".
