El presidente del Consejo de Distrito Centro de Córdoba, Rafael Soto, ha presentado un escrito ante el secretario general del Pleno del Ayuntamiento de Córdoba, Valeriano Lavela, en el que solicita la suspensión de las elecciones del Consejo de Distrito Centro ante la "alegalidad" de distintas asociaciones vecinales, al tiempo que pide que se abra una investigación que alcance a todos los distritos de la ciudad.
Así lo expone Rafael Soto en el escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, y en el que advierte de que distintas entidades "están fuera de ley", para lo que se sustenta en un informe de la jefa del Servicio de Justicia de la Delegación del Gobierno andaluz en Córdoba, en el que se detalla que cinco asociaciones del centro ya han cumplido mandato, algunas desde hace cinco años.
Igualmente, en dicho informe se apunta que otras seis asociaciones no han comunicado su renovación en el Registro General de Asociación de la Junta, la mayor parte de ellas desde hace 12 años; mientras que solo cuatro tienen sus juntas directivas vigentes, tres de ellas hasta el año 2017 y una hasta 2020.
Ante todo ello, el presidente del Consejo de Distrito Centro de Córdoba reclama una investigación, después de haber impugnado ya las citadas elecciones y que lo desestimaran, de manera que solicita "medidas cautelares", como las ya referidas, y que "de una vez para siempre se respete la norma que asumen las asociaciones como marco de convivencia y respeto de todos los representantes de los vecinos y ciudadanos".
Además, cita el reglamento de organización, funcionamiento y régimen jurídico de las entidades locales, en el que se indica que "las asociaciones inscritas está obligadas a notificar al Registro toda modificación de los datos dentro del mes siguiente al que se produzca", a lo que agrega que "el incumplimiento de las obligaciones dará lugar a que el Ayuntamiento pueda dar de baja a la asociación en el Registro".
Entretanto, ha detallado que le han vetado "sistemáticamente" desde la Delegación de Participación Ciudadana información sobre el estado de las asociaciones vecinales, en cuanto a sus registros, y que estaba dispuesto a retirar la impugnación si desde dicha delegación comunicaban a "todas las asociaciones afectadas que se pongan al día con sus obligaciones estatutarias", con un plazo de tres meses.