El mismo día que la mayoría socialista impedía en el Parlamento andaluz la creación de una comisión de investigación sobre la subvención de 10 millones de euros concedida por la Junta a Minas de Aguas Teñidas por considerar que el caso era “una farsa y un montaje”, el Tribunal Supremo confirmaba que los populares habían denunciado el lunes a Chaves y a su hija, Paula Chaves -apoderada de Matsa-, en nombre del PP andaluz, algo que desconocían los populares andaluces.
Horas después, el PP nacional anunciaba que retiraba la querella contra ambos tras haber recibido el expediente sobre la subvención, nuevos datos que van a ser estudiados “a fin de ampliar la documentación y formularla en todos sus extremos” y presentarla en los próximos días.
La querella contra Chaves y su hija había sido negada por los populares andaluces. De hecho, el consejero de Innovación, Ciencia y Empresa, Martín Soler, había instado en varias ocasiones a los populares a acudir a los tribunales para denunciar los hechos si consideraban que eran constitutivos de delito, en una sesión parlamentaria que, de nuevo, volvió a tener la subvención a Matsa como protagonista.
En la Cámara andaluza, el secretario general del PP-A, Antonio Sanz, acusaba a la Junta de “ocultar” que la hija de Manuel Chaves participó en el expediente de tramitación de la subvención a Matsa, de la que era apoderada, y exhibió un documento en el que se recoge que fue Paula Chaves Iborra la que firmó el acta de aceptación de la subvención tras ser concedida, una “prueba definitiva” por la que pidió la dimisión, no sólo de Chaves, sino también del propio Martín Soler por “mentir y amparar la corrupción”.
“Paula Chaves participó desde el principio en esta subvención y sin embargo lo han ocultado”, señaló Sanz para considerar que eso explicaba que la Junta haya tardado cinco meses en aportar la documentación y señaló que si ella no hubiera sido apoderada “la subvención nunca se hubiera dado”.
Soler acusaba entonces al PP de ser “profesionales de la manipulación y de las medias verdades”, ya que Sanz ocultaba que la aceptación de la subvención firmada por Paula Chaves era de un mes después a la aprobación de la subvención por el Consejo de Gobierno, reiterando que, aunque fuera apoderada de Matsa, “nunca participó” en la tramitación del expediente.
El consejero de Innovación les instaba de nuevo a ir a los tribunales y se mostraba seguro de que “se van a dar en la pared con las narices” cuando la justicia no les dé la razón.
Posteriormente, la mayoría del PSOE rechazaba, con el argumento de que el caso es “un farsa y un montaje”, la petición tanto del PP como de IU de crear una comisión de investigación sobre este asunto para aclarar la tramitación y aceptación de la subvención, el cambio de cuantía o la intervención de cargos socialistas para “abrir puertas gubernamentales” al proyecto.
