El juez que investiga el proceso soberanista catalán en el Tribunal Supremo, Pablo Llarena, ha remitido un escrito al Tribunal Superior de Schleswig-Holstein en el que plantea la opción de que entregue al expresident de la Generalitat Carles Puigdemont por un delito de sedición.
Fuentes del Supremo han confirmado a Efe el envío de este documento, adelantado por La Vanguardia, con el que el juez plantea esa posibilidad en el caso de que los jueces alemanes consideren que no se dan los requisitos para entregar a Puigdemont por un delito de rebelión al no apreciar la concurrencia del requisito de violencia.
Como hiciera en el auto dictado el miércoles en el que confirmó el procesamiento de todos los implicados en el "procés", el magistrado plantea la posibilidad de que lo ocurrido en los días previos y posteriores al referéndum del 1-O y ese mismo día se interprete como sedición.
Por ello, pide a los magistrados alemanes que se centren en los hechos que figuran en los informes remitidos más allá de su calificación jurídica.
Es decir, que analicen si un intento de romper la Constitución, aunque fuera sin violencia, no sería delito en Alemania; si un intento de segregación de un land no sería delictivo.
La diferencia entre ambos delitos radica en que la rebelión implica el uso de la violencia para obtener ese tipo de fines, en tanto que la sedición conlleva un alzamiento "tumultuario".
El magistrado, pese a defender que hubo violencia "conscientemente asumida y buscada", admite la posibilidad de que la Fiscalía acuse por sedición (que contempla condenas de hasta quince años de cárcel).
Lo que no aceptaría el Supremo en ningún caso sería la entrega por un delito menor, como la malversación.
Por otra parte, el juez ha dictado una providencia en la que acuerda, a petición de la Fiscalía, dividir la causa en dos piezas separadas, la principal, con todos aquellos que están puestos a disposición de la justicia o y otra con los siete huidos, declarados en rebeldía.
Llarena entiende que "existen elementos suficientes" para que Puigdemont (Alemania), los exconsellers Antoni Comín (Bélgica), Meritxell Serret (Bélgica), Lluís Puig (Bélgica) y Clara Ponsatí (Escocia), la secretaria general de ERC, Marta Rovira, y la exdiputada de la CUP, Anna Gabriel (Suiza) puedan "ser juzgados de forma independiente".
El juez ha tomado esta decisión tras constatar que la diferencia de ritmos podría dilatar el proceso e impedir su objetivo de que los hechos se juzguen este mismo año, según explican las fuentes.
Además, en la misma providencia, el instructor pide a la juez de la Audiencia Nacional, Carmen Lamela, los correos electrónicos de los mandos de los Mossos d'Esquadra y la relación de llamadas entre los investigados, respecto de los incidentes ocurridos el 20 de septiembre en la Consellería de Economía y al referéndum del 1-O.
También pide al Juzgado de Instrucción 13 de Barcelona, que investiga el referéndum independentista del 1 de octubre, diversas actuaciones como el informe de la Guardia Civil sobre malversación de fondos públicos en los preparativos y ejecución del 1-O con facturas y evidencias.
Requiere además los informes sobre el contenido de la agenda moleskine intervenida a Josep María Jové, considerado organizador del referéndum del 1-O y diputado en la actual legislatura, y sobre el análisis de la documentación intervenida en su despacho.
Lo hace después de que el juez del 13 de Barcelona enviara a Llarena una exposición razonada ante la aparición de indicios contra Jové y LLuis Salvadó, que fue secretario de Hacienda del Govern y es diputado de ERC, y Llarena preguntara hace días a la Fiscalía si procede imputar a estas dos personas.
