La Fiscalía Provincial de Almería va a solicitar penas que suman 12 años de prisión y 31 años de inhabilitación para el ejercicio del empleo o cargo público para el exalcalde socialista de Albox José García Navarro, a quien atribuye haber adjudicado "a dedo" al menos tres proyectos por un montante de 1.123.740 euros y posteriormente haber confeccionado sus respectivos expedientes administrativos para "intentar dar una apariencia de que el procedimiento de adjudicación se había realizado y que era conforme a derecho".
La calificación provisional del fiscal, consultada por Europa Press, atribuye a García Navarro la supuesta comisión de un delito continuado de prevaricación administrativa, otro continuado de falsificación de documento público y un tercero de malversación en relación al proyecto de refuerzo de los muros de contención de avenidas en la rambla de Albox, la construcción de una EDAR y de las conducciones de abastecimiento de agua.
Cabe recordar que el exedil dimitió alegando "motivos personales" en febrero de 2013 mientras que su sucesor en el cargo, Rogelio Mena, fue condenado a la inhabilitación especial para empleo o cargo público de dos años y medio por denegar a la oposición el acceso a los expedientes de contratación y facturas relativas, entre otras empresas, a 'Alcaina Estudio de Ingeniería', cuyo representante, Francisco S.G., también está procesado en esta causa y para el que el fiscal pide seis años de prisión y 15 de inhabilitación como cooperador necesario por prevaricación, falsedad y malversación.
El fiscal detalla que la empresa a la que se hacían estas adjudicaciones "a dedo" tenía como representante legal al yerno del Francisco Pérez, por entonces tercer teniente de alcalde y concejal de Obras y Servicios del Ayuntamiento albojense.
En el marco de la trama, también se atribuye responsabilidad al exsecretario municipal Jorge P.M. en concepto de coautor de los mismos delitos que el exprimer edil, de modo que interesa para él diez años de prisión, 14 años de inhabilitación para el empleo y cargo público y otros 12 años de inhabilitación absoluta.
Además de estas penas, junto con otras accesorias de multas de 12 euros diarios de uno a dos años en función de los acusados, la Fiscalía interesa el pago conjunto de 371.200 euros al Ayuntamiento de Albox por los perjuicios ocasionados al encargar el proyecto de la EDAR en el Llano de los Ollares y las conexiones de conducción de la Rambla del Saliente y la Rambla de Oria, puesto que fue adjudicado y abonado "irregularmente" a la mercantil, pero "no consta en la secretaría que dicho proyecto se haya presentado".
Según aprecia el fiscal, el exalcalde actuó "con la colaboración indispensable" de los otros dos acusados sabiendo que lo hacía "al margen del ordenamiento jurídico" tras adjudicar "de forma directa" y sin expediente una serie de proyectos satisfechos con cargo al presupuesto municipal "haciendo prevalecer de este modo su propia voluntad" sobre los intereses municipales.
Así, el Ministerio Público le acusa de favorecer a Alcaina para obtener "importantes beneficios" mediante la atribución de tres proyectos sin "los correspondientes procedimientos administrativos", de manera que "para ocultar esta ilegalidad, se crearon 'ad hoc' los oportunos expedientes que aparentemente justificarían haber cumplido con la legalidad" pero en los que se aprecian "multitud de irregularidades" como la falta de constancia de los mismos en el Ayuntamiento, las resoluciones de Pleno, de la junta de gobierno o el decreto del alcalde" sobre la adjudicación de los contratos.
FALSIFICACIÓN DE EXPEDIENTES
En el marco de la trama descrita por el fiscal, los acusados habrían tratado de construir unos expedientes que dieran apariencia de legalidad al proceso con la inclusión de supuestas ofertas realizadas por otras dos mercantiles --siempre las mismas-- además de la adjudicataria cuya firma por parte de sus representantes legales habría sido simulada.
Tal proceso para justificar el expediente se habría dado, según la tesis de la Fiscalía, en la adjudicación "a dedo" del proyecto de refuerzo de muros de contención de avenidas y formación de nuevo cauce para la Rambla de Albox a su paso por el núcleo urbano, al no existir un expediente "real" ni "resolución oficial" en la Secretaría que adjudicara la actuación.
Por el citado proyecto se pagó por parte del Ayuntamiento entre abril de 2008 y marzo de 2009 un total de 347.940 euros, de forma que fue entregado y ejecutado. No obstante, el contrato administrativo se confeccionó a fecha de octubre de 2007 por los acusados para "ocultar la adjudicación ilegal del proyecto".
Las mismas irregularidades son advertidas por la Fiscalía para el proyecto de la EDAR en el Llano de los Ollares y las conexiones de conducción de la Rambla del Saliente y la Rambla de Oria a través de un expediente que data a fecha del 27 de julio de 2007 y que habría sido adjudicado por 371.200 euros en agosto de 2009, aunque su presentación no consta.
En el mismo sentido se pronuncia la acusación pública sobre el proyecto de construcción de conducciones principales de abastecimiento de agua, depósito de Las Pocicas y Llano de Los Olleres en las ramblas de El Saliente y de Orias, que sin expediente alguno, según sostiene el fiscal, recibió 377.600 euros de dinero público para su confección por parte de Alcaina.
En este caso, el fiscal no formula acusación por una cuarta adjudicación puesta bajo sospecha por el titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Huércal-Overa, encargado de instruir el caso, relativa al espacio escénico del municipio y por el que la investigación inicial identificó un pago entre los meses de febrero de 2009 hasta mayo de 2012 de 301.087 euros.
