El exalcalde de Marbella Julián Muñoz ha vuelto a declarar en un juicio por contrataciones presuntamente irregulares de obras y servicios y ha señalado que los políticos "somos vendedores de humos", pero ha insistido en que no se lucró. Además, ha dicho que los técnicos hicieron su trabajo y eran los que en las comisiones de gobierno debían advertir de ilegalidades.
La Sección Primera de la Audiencia de Málaga ha comenzado este lunes el juicio al exalcalde marbellí, para el que la Fiscalía solicita once años de prisión; y otros 16 acusados, la mayoría de ellos con alguna responsabilidad municipal. En esta causa se han investigado las contrataciones de las obras de un centro cívico y la elaboración de un inventario de bienes municipales.
Según la acusación, estas contrataciones se realizaron sin licitación previa o concurso, sin publicidad, sin que el órgano competente fijara el objeto del contrato o su precio, tras lo que se adjudicaron directamente a dos empresas, cuyos representantes legales también están acusados. El ministerio fiscal solicita que se indemnice al Ayuntamiento con 2,25 millones por el perjuicio causado.
Muñoz ha reiterado en varias ocasiones que "nadie" advirtió a los miembros de la comisión de gobierno de irregularidades y en que no veía los informes ni expedientes, que venían de Secretaría. "Si el técnico correspondiente no decía nada, qué íbamos a decir nosotros", ha incidido el exregidor, quien ha insistido en "lo que llevo diciendo 20 años" y en que "no puedo dudar de los técnicos".
No obstante, ha querido dejar claro que él no tomaba las decisiones en esa comisión, sino que las presidía, ya que la aprobaciones se realizaban "con el resto de mis compañeros, que no los veo por aquí", en referencia a los demás ediles marbellíes que formaban dicho órgano, que están llegando a acuerdos de conformidad en la mayoría de los procedimientos similares.
De hecho, al inicio de esta sesión, seis concejales han ratificado un acuerdo con la Fiscalía, que ha modificado la pena solicitada y parte de los hechos por los que les acusaba. Así, el ministerio público ha incluido que no queda suficientemente acreditado que al votar en las comisiones de gobierno estos acusados "conocieran el perjuicio para el patrimonio municipal".
Así, se les achaca un delito continuado de prevaricación administrativa, fijando la pena en ocho años y medio de inhabilitación para cargo público. Los entonces ediles han reconocido estos hechos y han aceptado lo solicitado finalmente por el fiscal, por lo que han podido abandonar la sala y no volver al juicio, al haber renunciado también a la última palabra.
Asimismo, Julián Muñoz también ha sido preguntado respecto al exregidor marbellí Jesús Gil y ha repetido "lo declarado muchísimas veces" en otros juicios, que aquel era el que "ordenaba, mandaba y dirigía", apuntando que hasta que no fue inhabilitado "no me dejaba ir al Ayuntamiento", aunque Muñoz ejerciera de hecho como alcalde accidental. "No tenía capacidad de decisión", ha dicho.
Sobre el caso concreto, ha dicho en varias ocasiones al representante fiscal que ya había contestado a las preguntas que le estaba haciendo en el procedimiento en el que fue condenado, junto a sus exparejas Maite Zaldívar e Isabel Pantoja, por blanqueo de capitales. De hecho, su defensa ha alegado que esta causa es cosa juzgada y que ya se habían visto los hechos.
El Tribunal le ha recordado que eran distintos magistrados los que estuvieron en aquel juicio y en este y finalmente Muñoz ha señalado que el empresario acusado en esta causa --también condenado en la otra-- y él eran amigos, pero que "nunca" le debió un favor y que le vendió una vivienda pero "sin ninguna condición ventajosa". "La pagué con una hipoteca del banco", ha indicado.
Tras el acuerdo de conformidad, son diez los acusados que siguen sentados en el banquillo de los acusados, ya que Tomás Reñones no ha ratificado este lunes el acuerdo por estar enfermo, pero lo hará en otro momento. Las defensas han alegado en las cuestiones previas la prescripción de delitos y que se trata de cosa juzgada; argumentos que el fiscal ha rechazado.
