Los ministros de Economía y Finanzas de la Unión Europea debatieron este sábado por primera vez sobre los desafíos económicos que plantea la migración entre países del club comunitario, que se ha multiplicado en diez años, que van desde la disminución de la recaudación fiscal hasta la fuga de cerebros.
El tema ha sido puesto sobre la mesa de una reunión informal organizada este sábado en Bucarest por Rumanía, que este semestre ocupa la presidencia de la UE y es la más afectada por el fenómeno: en 2017 uno de cada cinco trabajadores había abandonado el país para irse a otro punto del continente.
"La movilidad de los trabajadores al extranjero contribuye el PIB de su país. Sin embargo, también puede tener efectos negativos. Es el caso cuando es selectiva, llevando a la fuga de cerebros y a minar el crecimiento", dijo el ministro de Finanzas rumano, Eugen Teodorovici, en una rueda de prensa al término del encuentro.
El porcentaje de europeos que residen en otro Estado de la UE ha aumentado un 50 % desde 2007, hasta el 3,8 % en 2017, pero entre países las diferencias van desde el 1 % en Alemania hasta el 20 % en Rumanía.
Rumanía y Polonia (7,3 %) son, en términos absolutos, los países con el mayor número de emigrantes, mientras que los principales destinos son Italia y España para los primeros y el Reino Unido y Alemania para los segundos. Alemania es, en general, el mayor receptor de inmigrantes intracomunitarios.
La movilidad aumentó a raíz de la entrada en la UE de los países del este de Europa, en 2004 y 2007, muchos de cuyos habitantes se trasladaron hacia los Estados del oeste aprovechando la libertad de circulación que permite residir y ejercer en cualquier país comunitario.
La crisis financiera provocó después el desplazamiento, en una medida mucho menor, de trabajadores de los países del sur -España, Italia, Grecia y, sobre todo, Portugal- hacia los del norte.
Esta movilidad interna, motivada por la brecha en salarios o condiciones de vida, tiene efectos positivos en el crecimiento de los países receptores e incluso en los emisores por las remesas, según los informes del Centro Europeo de Estudios Políticos (CEPS) y del "think tank" Bruegel, en que se basó el debate ministerial.
Sin embargo, a gran escala y largo plazo, puede también tener impactos negativos. Por un lado, reduce la base imponible de los países emisores, lo que puede perjudicar las finanzas públicas, especialmente si la deuda es alta.
Por otro, puede provocar una fuga de cerebros, la salida de las personas más cualificadas, que en el caso de la UE se ha dado solo en los países del sur, donde este factor contribuye además al envejecimiento de la población.
Si la emigración es masiva, la dificultad para cubrir ciertos puestos puede llevar a un aumento de salarios y pérdida de competitividad.
Para la Comisión Europea, la solución pasa por reducir las disparidades económicas y de calidad de vida entre países, lo que implica tanto reformas estructurales nacionales como apoyo de los fondos estructurales y de cohesión europeos, según explicó el vicepresidente de la institución, Valdis Dombrovskis.
Otra vía de actuación es la tributaria, donde la Comisión pide a los Estados reducir la carga impositiva sobre el trabajo y trasladarla a otras áreas.
Rumanía, por su parte, insiste en que debe adoptarse un mecanismo comunitario para actuar a nivel de la UE.
Su ministro de Finanzas, que presidió la reunión, admitió estar "descontento" con los resultados del encuentro porque no se avanza hacia "soluciones concretas".
Teodorovici anunció que trabajará con otros Estados emisores en un "paquete muy agresivo" para conseguir el retorno de sus nacionales, pero insistió en que el problema afecta a todos.
La ministra de Economía española, Nadia Calviño, aseguró que España, como país receptor y emisor al mismo tiempo, constata tanto los beneficios como los retos de esta movilidad, en particular la fuga de cerebros, de ahí que el Gobierno haya puesto en marcha un plan de retorno.
En su opinión, es "absolutamente indispensable" que se armonicen las condiciones de los mercados laborales en la UE y que se avance en el denominado Pilar Social Europeo. Un elemento que puede contribuir al mismo, dijo, sería la creación de un seguro europeo de desempleo que complemente los sistemas nacionales frente al paro.
España, anunció, presentará una propuesta de carácter técnico para intentar impulsar este mecanismo dentro de los debates sobre el futuro presupuesto para la eurozona.
Un 1,6 % de los trabajadores españoles residen en otro país de la UE, la mayoría de los cuales tiene una cualificación superior a la media del país, según datos del CEPS.
