El tiempo y la esperanza se agotan para las doce familias que aún permanecen ocupando el edificio de la urbanización El Patio, en la calle Poeta Juan Ramón Jiménez de La Línea, cuyo desalojo está previsto para el próximo 4 de marzo, a instancias del propietario del inmueble, el banco BBVA. Otras diez han abandonado las viviendas después de alcanzar un acuerdo económico con la entidad, según apuntan los propios vecinos. Fuentes de la Plataforma de Afectados por las Hipotecas (PAH) insisten, por su parte, en que el Juzgado Nº4 de La Línea, que decretó el lanzamiento en primer término a principios de 2020 y volvió a retrasarlo a finales de enero pasado, cumpla con el Real Decreto Ley 37/2020, que obliga a suspender desahucios durante el estado de alarma. “Las familias se encuentran extrema vulnerabilidad”, advierten.
Ana Vanesa, en representación de los vecinos, tiene tres hijos, cáncer y una pensión de 360 euros. Al otro lado del teléfono, admite que es incapaz de conciliar el sueño y uno de sus pequeños, con discapacidad, está sufriendo especialmente las consecuencias de una situación límite. “Hace diez años que solicité una vivienda social al Ayuntamiento”, asegura. Pero no ha obtenido respuesta. Tampoco encuentra ayuda ahora en los Servicios Sociales, sostiene. Según la PAH, deberían haber informado al juzgado de los serios problemas de estas personas y no lo han hecho. “No queremos que nos regalen nada”, subraya Ana Vansea, “no pedimos lujos, solo un techo”, añade. Pero el alquiler social es prohibitivo. La mensualidad en el municipio, que tiene unas 300 viviendas en este régimen, es de unos 360 euros, exactamente lo mismo que el subsidio que ingresa cada mes. En desempleo y, por lo tanto, sin contrato laboral, es imposible encontrar una salida. El banco propietario del inmueble tampoco quiere hablar de arrendamiento.
