Así lo señala este grupo de expertos, dirigidos por los profesores universitarios Óscar Jaime Jiménez y Antonio María Díaz, en el informe que han presentado con el título de La Seguridad Integral: España 2020, acto al que asistió el secretario de Estado de Seguridad, Antonio Camacho, y el portavoz del grupo parlamentario socialista, José Antonio Alonso.
Además, participó el vicepresidente ejecutivo de la Fundación Alternativas, Nicolás Sartorius, quien ahondó en la idea de la unión “indisoluble” de la seguridad con libertad y justicia, y en la obligación de los Estados de garantizarla y prevenirla con una cierta perspectiva.
También Alonso cree que la seguridad y la libertad “no son categorías incompatibles” y que los valores “se llaman uno a otro en un sistema democrático”.
En el informe se abordan efectos negativos para la seguridad, como el crimen organizado, sobre cuyo posible devenir resulta “difícil ser optimista” pues “el énfasis puesto en la amenaza terrorista está dejando espacios” a este fenómeno y “generando una importante falla en nuestra seguridad que percibiremos en el medio plazo”.
España se encuentra, según el estudio, en primera línea del problema del terrorismo, pero respecto a la organización terrorista ETA y desde un enfoque a largo plazo (año 2020), este fenómeno “deberá ser considerado básicamente residual, puesto que las condiciones que dieron lugar a su emergencia y mantenimiento se han transformado profundamente”.
No obstante, en el estudio se recalca que la amenaza de Al Qaeda y grupos afines “no sólo no ha desaparecido, sino que se mantiene” tras el 11-M.
Camacho remarcó que en los últimos años hemos asistido a grandes shock en la seguridad mundial, como esos atentados y los del 11-S, lo que ha llevado a un debate en el que algunos políticos han entendido que “debemos limitar” los derechos y libertades de nuestros ciudadanos para garantizarles la seguridad.
“Es un grave error y de esa forma nos introducimos en el objetivo que pretenden los terroristas, cambiar nuestro sistema de vida”, afirmó Camacho, quien defendió una estrategia de seguridad sostenible, que atienda a las causas de los retos en esta materia, no sólo a los efectos, desde el respeto más escrupuloso a los derechos humanos.
Estos conceptos son abordados por este informe, cuyos coordinadores han insistido en la incidencia de tres factores que van a condicionar el nuevo escenario al que nos enfrentamos: el cambio climático, demografía y energía.