La actual vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica del Gobierno de España, Teresa Ribera, informó en 2019 a la Asociación de Amigos de la Laguna de La Janda que había instado a las direcciones de Agua y Patrimonio, dependiente ésta última del Ministerio de Hacienda, a dar máxima celeridad al expediente de recuperación del espacio natural. Dos años después, el pasado 2 de febrero, con motivo del Día Mundial de los Humedales, Ribera reiteró que este proyecto de restauración es de alta prioridad para su departamento y concretó que se ejecutará en una primera fase hasta 2025 en las áreas que aún experimentan periodos de inundación durante los episodios, con una superficie estimada de más de 10.000 hectáreas.
El Gobierno rebaja las expectativas creadas por la ministra Ribera para la restauración del humedal mientras que la disputa abierta con la Junta sobre la titularidad de los terrenos públicos se enquistaSin embargo, en agosto, el propio Gobierno rebaja las expectativas creadas. En respuesta parlamentaria a preguntas de los diputados de Unidas Podemos Antonio Gómez-Reino y Juan Antonio López de Uralde, el Ejecutivo indica que “en el momento actual (la restauración de los humedales de la Laguna de Antela, Mar de Campos y la Laguna de la Janda) se encuentran todavía en una fase de evaluación previa y no se puede avanzar cuál va a ser el resultado de esa evaluación y la posibilidad real de acometer los proyectos”.
El portavoz de la Asociación Amigos de la Laguna de la Janda, José Manuel López, no se sorprende. “Parece que la ministra tiene voluntad, pero el embrollo administrativo no se resuelve”, apunta. López se refiere a la disputa no resuelta entre las administraciones central y autonómica sobre la titularidad de los terrenos.
La entidad, junto a otras organizaciones como Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife, AEMS-Ríos con Vida, Fundación Savia y la Red Andaluza de Nueva Cultura de Agua, solicitó en 2018 a la Dirección General de Patrimonio que elaborase un expediente de investigación que ha archivado por falta de competencia de dicho organismo, atribuyendo la misma a la Junta de Andalucía y en última instancia al Ministerio para la Transición Ecológica. La asociación ha mostrado su disconformidad con el archivo, subraya López, y ha tratado acceder al documento infructuosamente.
La falta de transparencia es total y, en cualquier caso, lo verdaderamente importante es que, al margen de que Gobierno y Junta “se echen la pelota unos a los otros, el Ministerio reconoce que hay una superficie de terreno deslindado como dominio público de 6.165 hectáreas ocupados por explotaciones agrícolas particulares pese a que en 1964 se procediera al rescate de la concesión concedida a Colonias Agrícolas S. A. para garantizar un mejor aprovechamiento de los recursos hídricos y hay que actuar sí o sí.
“Sobre estos terrenos se asientan hoy en día explotaciones agrícolas intensivas de regadío de, entre otras empresas y sociedades Complejo Agrícola S. L. (encabezada por Ramón Mora-Figueroa Domecq). Solo esta sociedad recibe pagos directos en base a los fondos de la Política Agraria Común (PAC) de más de cuatro millones de euros al año por la gestión de un total de 12.000 hectáreas, un área que incluye una buena proporción de terrenos correspondientes a la citada laguna desecada de titularidad pública”, sostiene Ecologistas en Acción en la denuncia remitida recientemente a la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo. Hay más. Lola Yllescas amplía la lista de terratenientes por medio de un correo electrónico en los que incluye en la lista de propietarios en las mismas condiciones a Canteruelas SAT, José Bohórquez Mora Figueroa, Dehesa de Espartinas, Herederos de Fernández Córdoba, José Trujillo e Hijos S. L, Rehuelga de Medina Sidonia S. L, María Rosario Espinosa Noguera, Antonio Praena Montero y Jara Mediana.
Los conservacionistas confían en que el Parlamento Europeo solicite a la Comisión informe sobre el uso de los recursos de titularidad pública y la afectación de la calidad y la cantidad de las masas de agua de La Laguna de la Janda porque “podría estar infringiendo la Directiva Marco del Agua” y, por otro lado, sobre “la situación de estas tierras de dominio público hidráhulico y la posible inacción de la Administración correspondiente que permite que estas empresas se beneficien de las ayudas de la PAC, pudiendo infringir la normativa europea”.
Actualmente, los colectivos ultiman una nueva denuncia para que la fiscalía europea especializada en medio ambiente tenga conocimiento de los hechos y actúen en consecuencia.
“No nos van a aburrir”, advierte el presidente de la Asociación Amigos de la Laguna de la Janda, en referencia a Gobierno y Junta. La zona, remarca, conserva aún una muy especial relevancia para las aves y su valor ambiental pese al largo y costoso proceso de desecación iniciado en 1946 y culminado en 2004, con la construcción de un nuevo puente.
