Los habitantes de estas diez viviendas, sobre las que pesa una inminente orden de derribo, fueron informados durante la noche del jueves de la decisión judicial, por lo que “la sorpresa” y “el miedo de estar en la calle en unas fechas tan señaladas” ha provocado que los vecinos, que en su mayoría son familia del promotor o viven en régimen de alquiler, hayan permanecido en la calle para mostrar su “total oposición” a que el derribo se lleve a cabo.
De momento, lo han conseguido, ya que finalmente ni a las ocho de la mañana, ni a las cuatro de la tarde, como esta previsto, aparecieron las temidas “máquinas”. Aunque, según ha informado el Consistorio “las casas se van a derribar, aunque no existe una fecha ni día fijado”. No obstante, los vecinos ya han manifestado su temor de que el sábado o el lunes “aparezcan las máquinas”.
La oposición de los vecinos a abandonar las viviendas se hizo más patente aún cuando, sobre las tres y media de la tarde, numerosos agentes de la Policía Local ocuparon la calle con sus vehículos a la espera de la llegada de la maquinaria. A partir de ese momento, los nervios, los insultos, la desesperación y la petición de “comprensión”, fueron una constante. No en vano, los vecinos hicieron todo lo que estaba en su mano para impedir que la decisión de derribar las viviendas se llevará a cabo, vigilando que las máquinas no llegaran, sacando palés a la calle o vaciando las ruedas a los vehículos policiales. Todo ello, tuvo como resultado que los agentes abandonaran la zona ante el aplauso y gritos de alegría de los presentes.
La decisión “está tomada”
Pero la incertidumbre sigue para estos chiclaneros, aún más sabiendo que la orden “tendrá cumplimiento”, tal y como afirman desde el Ayuntamiento, que ya había anunciado que “sobre las cuatro de la tarde, una empresa especializada comenzaría la demolición de 10 viviendas, una vez completado el expediente administrativo con la aportación por parte de la empresa del informe de seguridad y salud, que no había sido incluido previamente”.
Según la versión municipal, el Ayuntamiento había solicitado anteriormente al promotor que llevase a cabo el derribo él mismo, algo que no hizo. El Consistorio, por tanto, “debió hacerse cargo del asunto, revirtiendo los costes sobre aquellos que habían actuado ilegalmente”.
“El plazo para llevar a cabo el derribo termina el 26 de diciembre ya que la jueza en ningún momento ha emitido un dictamen paralizando el derribo”, explican desde el Ayuntamiento.
El Ayuntamiento no había tenido noticia de que el Juzgado hubiera aceptado el recurso presentado por el abogado del promotor. No obstante, “ante las dudas suscitadas por personas que viven de alquiler en estas casas, se puso en contacto telefónico con el Juzgado para solicitarle una copia de la diligencia que llegó, vía fax, a las 14,25 horas de hoy (por ayer viernes) a Urbanismo”.
Por su parte, la delegada de Urbanismo, Cándida Verdier, ha manifestado que el Ayuntamiento obedece una orden judicial. “Estamos acatando la decisión de un juez, obramos como medio en una actuación que debiera haber hecho el propietario y no podemos hacer caso omiso a un resolución judicial de este tipo a menos que estemos dispuestos a que recaigan las pertinentes consecuencias penales sobre este Ayuntamiento”, explicó Verdier, concluyendo que “los promotores conocen perfectamente el procedimiento del que deriva todo el proceso de demolición”.
proceso
Los hechos se remontan al 15 de febrero de 2007, cuando los inspectores de la Gerencia de Urbanismo cursan una denuncia relativa a 10 viviendas unifamiliares, aisladas de 100 metros cada una en parcelas de 400 metros en el Pago Majadillas, que carecen de la preceptiva licencia urbanística. Cinco días después, la Gerencia dictó una resolución por la que se ordenaba la inmediata suspensión de las obras, así como la incoación de un expediente para la restauración de la legalidad urbanística a la empresa promotora.
Entre el 23 de febrero de 2007 y finales de agosto de 2008, la propiedad rompe el precinto de las obras decretado por la Gerencia hasta en seis ocasiones, según el Consistorio.
La orden de demolición de las viviendas se produce después de que finalizase un expediente por construcción ilegal y se firma el día 6 de septiembre de 2007, cuando se decreta por parte del Ayuntamiento y se le ordena derribar al promotor.
El 19 de junio de 2008 se decreta, también la demolición subsidiaria, ante la no realización de la misma por parte del promotor. Como no hay posibilidad de entrar en los domicilios, la Gerencia de Urbanismo solicita una autorización judicial para la entrada en los mismos, que es concedida el 26 de octubre de 2009 para que se demuela antes de dos meses. En este periodo, los promotores recurren en apelación el auto solicitando la suspensión. La jueza deniega esta posibilidad, ratificando “que se tiren las viviendas”.
Además, en el proceso hay una diligencia abierta contra el administrador de la empresa promotora ‘Prefabricados Medina’ y contra un arquitecto, vinculado a la operación Obra Nueva, por un presunto delito de falsedad documental.