La Fiscalía ha rechazado que las intervenciones telefónicas obrantes en la causa penal contra el empresario hotelero Miguel Rifá por un supuesto alzamiento de bienes valorados en 98,6 millones de euros hayan vulnerado los derechos fundamentales de los procesados, tal y como alegan las defensas, y ha sostenido que tampoco hay prescripción de los delitos fiscales ni indefensión ya que "tomaron conocimiento de la imputación" al ser llamadas a declarar antes de 2014.

En la segunda sesión de la vista oral, y en trámite de cuestiones previas, el Ministerio Público, junto a la Abogacía del Estado, se ha opuesto a las alegaciones planteadas por las defensas respecto a la instrucción de un caso que ha definido como un "micro Poniente' debido a su "complejidad" pero que se concluyó en "cinco años, lo que no es un plazo excesivo", más teniendo en cuenta que medio el estado de alarma por la pandemia de covid-19.

La fiscal ha trasladado tener la "certeza" de que las intervenciones telefónicas practicadas por Vigilancia Aduanera "están avaladas y controladas con todas las garantías judiciales" y ha remarcado que las defensas "no han cuestionado el contenido, sino el método para llegar hasta el teléfono" de I.M.M., señalado como cooperador necesario en la presunta actuación delictiva de Rifá, pero que no hay "carácter prospectivo en la investigación".

Sobre la prescripción de los delitos contra la Hacienda Pública, ha precisado que la causa se inició en mayo de 2012 y finalizó en noviembre de 2017, "poco más de cinco años" y que este plazo quedó "interrumpido" por la imputación ya que "todos los acusados" fueron "citados a declarar en sede judicial antes de 2014". "Hablar de prescripción no es ni necesario", ha afirmado para añadir que tampoco cabe "indefensión" porque no hay "nada que no hayan podido alegar en todo el proceso o que no puedan alegar en el trámite de esta vista oral".

La vista oral contra Rifá, que se ha señalado en 12 sesiones ante el tribunal de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Almería, se reanudará el próximo lunes y se prolongará a lo largo de toda la semana.

El abogado del empresario hotelero, quien se enfrenta a 29 años y once meses de prisión, mantiene que la situación de insolvencia de las sociedades del grupo no deriva del alzamiento de bienes por valor de 98,6 millones de euros ante las deudas con la AEAT, tal y como sostienen las acusaciones, sino de la "crisis financiera". Rechaza, asimismo, "ánimo defraudatorio" en las ventas de bienes que se hicieron entre 2008 y 2011, y alude a "pérdidas extraordinarias".

En la causa también se enjuicia¡, entre otros, al presunto cooperador del conocido empresario, I.M.M., para el que la fiscal interesa un total de 17 años de prisión como autor de cuatro delitos contra la Hacienda Pública y de un delito de insolvencia punible. A Rifá se le atribuyen siete supuestos delitos tributarios por IVA, impuesto de Sociedades e Impuesto de Transmisiones Patrimoniales, uno de ellos en tentativa, y dos delitos de insolvencia punible.

Según el escrito de calificación provisional, consultado por Europa Press, Miguel Rifá actuó con "evidente ánimo defraudatorio y elusión de sus obligaciones tributarias legalmente exigibles" al crear un "entramado de sociedades españolas, portuguesas y británicas" con domicilio fiscal en las Islas Vírgenes Británicas. De este modo, mediante la "utilización de diversas sociedades interpuestas", habría "vaciado" patrimonialmente las mercantiles 'Hotel Almería SL' y Predios del Sureste SL.

El Ministerio Público detalla que, de forma "simultánea", realizó presuntamente diversos fraudes a la Hacienda Pública mediante la "simulación de operaciones" para "ocultar el real" propietario de las sociedades implicadas.

Entre las operaciones supuestamente fraudulentas, y por la que también acusa la Abogacía del Estado, desgrana la transmisión de 13 hoteles, 135 fincas rústicas en diferentes municipios, tres fincas de la Compañía de María, oficinas, solares, acciones y participaciones.