El secretario de Estado de Medio Ambiente, Federico Ramos de Armas, ha calificado como "alarmista" la afirmación de que la nueva Ley de Costas "podría legalizar parcialmente El Algarrobico" --realizada este pasado jueves por la ONG ecologista Greenpeace-- y asegura que "la voluntad de este Gobierno es evitar que se vuelvan a producir situaciones como esa".
En este sentido, Ramos de Armas ha señalado que "no hay nada más lejos de la voluntad de este Gobierno que regularizar o legalizar El Algarrobico" y añade que éste se ha convertido en "un icono de incumplimientos medioambientales en materia de costas" y, por lo tanto, "siempre se acude a esta situación como ejemplo o punto de debate".
Asimismo, ha insistido en que El Algarrobico "con la nueva enmienda no va a poder ser legalizado" porque, "entre otras cosas, hay sentencias firmes que declaran su ilegalidad y en este país las sentencias firmes se llevan a efecto". De la misma forma, ha recordado que se ha establecido una cláusula 'anti Algarrobico' que permite al Ejecutivo recurrir por vía administrativa antes de que se construya y aunque se haya entregado la licencia de construcción por parte de la administración autonómica.
Por otra parte, el secretario de Estado de Medio Ambiente ha explicado que el objetivo principal de las enmiendas del PP incorporadas al texto en el Senado es el de "dar seguridad jurídica y, a la vez, seguir protegiendo la costa", de manera que se evite que "gente que comprara o que vaya a comprar viviendas en la costa se encuentre con situaciones desagradables al comprobar que no son propietarios de lo que han comprado".
"Esta realidad ha generado alarma social y muchas criticas de otros países como Reino Unido o Alemania, así como la preocupación de muchos ciudadanos que han perdido su patrimonio por culpa de un régimen muy restrictivo", ha apostillado Ramos de Armas, a la vez que insiste en que la inseguridad jurídica provoca una "mala imagen del país" y "perjudica a la Marca España".
En concreto, Ramos de Armas se ha referido a los extranjeros afectados y recuerda que ante el Parlamento Europeo se presentaron quejas de grupos que representaban hasta a unos 20.000 afectados por la Ley de Costas --aunque matiza que en esa cifra también se incluían las construcciones ilegales en municipios costeros y que escapan a esta ley en concreto--. En total, el número de viviendas afectadas por casos de dominio público, servidumbre e ilegalidad en municipios costeros, supera las 250.000, según ha precisado --con datos del Ministerio de Fomento--.
"QUIENES SE INSTALARON DE BUENA FE, MERECEN PROTECCIÓN"
De esta forma, el Gobierno entiende que "se resolverán situaciones que en la ley de 1988 quedaron en el limbo jurídico", ya que suelos que estaban en esa fecha ya transformados con accesos rodados, alcantarillado y servicios "merece la pena que tengan el mismo tratamiento que el suelo urbanos, con una servidumbre de 20 metros". "No supone nada mas que cambiarles el tratamiento en un afán de proteger a quienes de buena fe se instalaron allí. Merecen una protección", ha añadido Ramos de Armas.
Sin embargo, el secretario de Estado da asegurado que no van a permitir crecimientos. "Esto no es una amnistía", ha matizado. Así, concluye que "no se va a abrir la mano de cara al futuro", sino que "la fotografía se para en el año 1988" y, por lo tanto, "no se va a mover la regla general de los 100 metros de servidumbre". Por ello, las viviendas en zona de servidumbre de construcción posterior a 1988 "seguirán siendo ilegales". "No podemos amparar la ilegalidad", ha sentenciado.
En cualquier caso, Ramos de Armas insiste en que "hay que generar confianza si queremos ser un país de servicios". Respecto a este último punto, ha añadido que es necesario crear "un marco estable y de seguridad a chiringuitos o a espacios comerciales" cercanos a la costa, al entender que "merece la pena cuidar" unos "espacios que generan puestos de trabajo en un país en el que el turismo es muy importante".
También se ha referido al vencimiento en 2018 de las concesiones a 30 años que autorizó el Tribunal Constitucional. En este caso, ha explicado que se quiere permitir ampliar estos plazos hasta un tope de 75 años mediante el pago de un canon y con la posibilidad de transmitir la concesión. Así, se establece un "punto intermedio" entre quienes piden que se devuelvan al régimen de concesión privada y quienes quieren que se derrumben.
Por último, Ramos de Armas ha explicado que la enmienda relativa a la gestión de los puertos lo único que busca es "mejorar la coordinación". Así, se plantea la "remisión" de la Ley de Costas a la Ley de Puertos cuando se trata de puertos deportivos para tratar cuestiones como "los derechos de usuarios, las concesiones o los plazos para prorrogar usos, entre otros".