El Juzgado de Instrucción número 2 de Huércal-Overa (Almería) ha completado el procedimiento del caso 'Costurero' por presunta corrupción urbanística en el municipio de Zurgena con la práctica de la veintena de diligencias que le solicitó la Audiencia Provincial, y ha comenzado a devolver la causa a la Sección Segunda para el enjuiciamiento de los 24 acusados, entre ellos el exalcalde Cándido Trabalón y el exconcejal de Urbanismo Manuel Tijeras.

   Las actuaciones, que constan de 14.789 folios divididos en 27 tomos y 15 cajas con piezas de convicción, se han comenzado a remitir de forma "escalonada" tras dar cumplimiento a la diligencia de ordenación dictada en marzo por el tribunal que debe señalar ahora la vista oral y designar nuevo magistrado ponente tras la marcha del presidente de la Sección Segunda, el magistrado Juan Ruiz-Rico, al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).

   En la citada diligencia, consultada por Europa Press, la Sección Segunda solicitó que se practicasen diversas diligencias encaminadas a subsanar 19 omisiones detectadas tras el examen de las actuaciones por parte de la sala. Para ello, resolvió devolver el procedimiento al juzgado instructor.

   Entre las omisiones, detallaba la notificación a algunos de los acusados del auto de apertura de juicio oral, la designación de letrados para la defensa o la personación en calidad de acusación particular de posibles perjudicados. En total, son 13 ciudadanos extranjeros que compraron viviendas presuntamente fuera de ordenación.

   El tribunal también reclamó los siete CD de escuchas telefónicas aportadas por la Guardia Civil, advirtió de que no le constaba como transferido a la cuenta de Consignaciones del dinero intervenido e interesó que se terminasen las piezas de responsabilidad civil "con arreglo a derecho", practicándose las medidas de aseguramiento oportunas .

   Como consecuencia, la jueza de instrucción dictó una providencia el 20 de marzo en la que ordenaba la práctica de 15 de las diligencias solicitadas y que ya se han completado, según han informado a Europa Press fuentes judiciales.

SEIS DELITOS

   Los encausados en el caso 'Costurero', que explotó en abril de 2007 con la intervención por parte de la Guardia Civil del Ayuntamiento de Zurgena y la detención de varias personas, entre ellas quien entonces era el alcalde en activo y el concejal de Urbanismo, irán a juicio por la supuesta comisión de delitos de prevaricación urbanística, cohecho, falsedad en documento oficial, negociaciones prohibidas a funcionarios públicos, contra la ordenación del territorio y desobediencia.

   En el auto de apertura de juicio oral el juez resolvió imponer a Trabalón, quien se enfrenta a penas que suman 180 años de cárcel y 1.050 años de inhabilitación especial para empleo y cargo público, una fianza civil de 571.147 euros.

   El fiscal, que acusa al exregidor andalucista de un total de 120 delitos aunque interesa la aplicación del artículo 76 del Código Penal con respecto al máximo cumplimiento de penas, le atribuye, entre otros comportamientos, la concesión de licencias para la construcción de inmuebles unifamiliares en no urbanizable por diferentes cauces "irregulares".

   Sostiene además que en, al menos dos ocasiones, lo hizo "a cambio" de que las empresas promotoras beneficiarias construyeran "sin cobrar precio" un residencial y un bloque de viviendas en dos solares de su propiedad que han sido tasados en casi 400.000 euros.

   Para Tijeras, el otro principal acusado en esta causa contra la corrupción urbanística, el Ministerio Público tiene previsto solicitar penas que suman 178 años y seis meses de prisión mientras que los otros ocho excargos públicos imputados en la causa, se enfrentan a penas de 18 meses de cárcel por cada licencia a la que dieron voto favorable en pleno y que oscilan entre las 80 y las 15, dependiendo de si asistieron a las sesiones plenarias o no.

   Para el exconcejal de Urbanismo, el juez instructor ha fijado la fianza civil en 8.630 euros aunque el Ministerio Público destaca que, entre los años 2003 y 2007, recibió cantidades de dinero "cuya cuantía y número no ha podido determinarse" y un vehículo tasado en casi 31.000 euros por parte del acusado Antonio L.R., administrador de las mercantiles 'Antonio de la Jacinta' y 'New Horizon Villas' y principal beneficiario de las licencias urbanísticas concedidas presuntamente de manera "irregular".

'MODUS OPERANDI'

   El Ministerio Público indica en su detallado escrito de 69 páginas, al que tuvo acceso Europa Press, tres fases en la trama tejida por los dos principales procesados, quienes, según remarca, decidieron y persistieron en tiempo "de común acuerdo" en conceder licencias para construir viviendas sobre suelo calificado como no urbanizable "no permitidas por la legislación urbanística".

   En una primera etapa, que encuadra en marzo de 2003, habría actuado en solitario Tijeras como concejal delegado de Urbanismo y alcalde accidental de Zurgena, quien, conocedor de que los informes preceptivos de la Diputación Provincial serían contrarios a la concesión de las licencias, "decidió no solicitar" los citados informes y "prescindir" de ellos al tramitar los expedientes "prescindiendo totalmente del procedimiento administrativo legal".

   En virtud de esto, el fiscal le atribuye la concesión a sabiendas de que eran contrarias a la normativa, de 40 licencias para un total de 80 inmuebles en distintas pedanías.

   En una segunda fase, con Trabalón como alcalde y hasta finales de 2005, ambos habrían acordado, tras entrar en vigor la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA), aprobar las licencias en pleno cuando hasta ese momento era bien el alcalde o bien la comisión de gobierno la que resolvía los expedientes para eludir los "informes técnicos y jurídicos que iban a ser contrarios a las licencias solicitadas". Así, se dio luz verde a alrededor de un centenar de permisos a promotoras de imputados por la presunta trama.

"SUBTERFUGIO"

   El citado modo de actuar fue diseñado por el exregidor y el exconcejal de Urbanismo, y consistía en, "para dar apariencia de legalidad" a las licencias, usar el "subterfugio" de considerar suelo no urbanizable como suelo urbano cuando "contará con servicios básicos como acceso rodado, abastecimiento de agua y suministro de electricidad". Con este objetivo, según detalla, indicaban a los promotores que "antes o al solicitar" las licencias, hiciesen obras de urbanización "sin ningún tipo de permiso para ello".

   La tercera etapa se habría iniciado, según el Ministerio Público, en febrero de 2006 cuando Trabalón dejó de convocar plenos y de conceder como Alcalde licencias de obra "ilegales" e ideó una manera de hacerlo "de forma menos manifiesta" utilizando la vía del silencio administrativo. Así, "decidió voluntariamente dejar transcurrir" el plazo de tres meses sin dictar una resolución sobre la licencia para "luego certificar su concesión por silencio administrativo".