Una moción institucional presentada de urgencia a la última sesión plenaria de la Diputación de Almería ha permitido dar luz verde al acuerdo alcanzado por los cuatro grupos que forman la corporación, PP, PSOE, IU y C's, para garantizar la salvación "desde lo público", y con el consenso de todos los partidos políticos, de la empresa de Gestión de Aguas del Levante Almeriense (Galasa).
El acuerdo se ha alcanzado in extremis, ya que diciembre era la fecha límite para evitar el cierre de la empresa. El compromiso adoptado por la Diputación de Almería establece la fijación de una nueva tarifa por el servicio del ciclo integral del agua para los municipios del Levante almeriense, que el equipo de gobierno provincial fijo en el 18 por ciento el pasado 24 de noviembre. Una medida inferior a la propuesta inicial, que situaba la subida tarifaria en el 23 por ciento, y que arroja un déficit a Galasa de cara al próximo 2017 de 750.000 euros.
Esta nueva propuesta de tarifas deberá ser aprobada por el órgano competente de Galasa antes del 12 de diciembre, mientras que los municipios del Levante tienen de plazo hasta el 23 de diciembre para decidir si delegan en la Diputación Provincial la competencia de imposición y ordenación de las tasas del servicio del ciclo integral del agua, o si acuerdan la subida de la tarifa por una ordenanza fiscal municipal propia.
En el caso de que algún municipio no adopte alguna de estas posturas, la empresa de gestión de agua prestará el servicio exclusivamente en alta, atendiendo a las tarifas establecidas para dicho servicio. La institución provincial tiene de plazo hasta el 15 de enero de 2017 para adoptar las medidas acordadas.
Para los municipios del Almanzora, se ha propuesto un análisis del coste del servicio para equilibrar las tarifas del mismo antes del 23 de diciembre. Estos ayuntamientos tienen que aceptar las mismas condiciones que los del Levante, y tendrán de plazo hasta el 30 de diciembre para decidir delegar en la Diputación la imposición y ordenación de tasas, o aceptarla mediante una ordenanza fiscal propia.
Además, Galasa deberá realizar una auditoría técnica urgente para evaluar las fugas de agua en la red de abastecimiento y darla a conocer tanto a los municipios a los que da servicio, como a la Diputación Provincial.
La institución, por su parte, incluirá en los presupuestos de 2017 una partida de inversión de cinco millones de euros, que deberán completarse con las aportaciones de los ayuntamientos, para la reparación de las redes de abastecimiento en las que se pierde agua. La aportación de los municipios se calculará del mismo modo que se procede en los Planes Provinciales y se podrán beneficiar de las bajas en los contratos de obra.
Entre los acuerdos alcanzados, también se recoge que la empresa realice la mayor parte de sus actuaciones con medios propios y externalice o subcontrate únicamente servicios justificados. Además, Galasa deberá optimizar el servicio de atención al usuario y se creará una comisión de seguimiento para velar por la correcta ejecución y efectividad de estos acuerdos y analizar la gestión de la empresa.
El portavoz del PSOE en la Diputación Provincial, Juan Antonio Lorenzo, ha declarado que el acuerdo "es fruto del trabajo de muchas personas, en el intento de conseguir salvar la empresa pública y seguir prestando el servicio desde lo público con garantías de continuidad".
Lorenzo ha afirmado que "este acuerdo recoge las propuestas que el PSOE lleva haciendo desde hace mucho tiempo" y que "la situación de la empresa es producto de una gestión que no estaba siendo la adecuada. Hoy es el día uno de la nueva Galasa y esperemos que no tengamos que llegar más a esta situación y permanecer impotentes ante la pérdida de una empresa pública".
Por su parte, Javier Aureliano García, portavoz del equipo de gobierno popular, ha explicado que "el acuerdo es fruto del consenso, no sólo son las propuestas del PSOE. Todas las fuerzas políticas de este pleno hemos apostado por una empresa pública cien por cien, por la salvación de los casi 100 trabajadores y por la prestación de un servicio de calidad a los 60.000 usuarios del sistema Galasa".
García ha asegurado que el Partido Popular sigue "con el mismo discurso desde hace ocho meses" y ha lamentado "que el acuerdo llegue tan tarde. Si esto mismo se hubiese hecho hace ocho meses, habríamos evitado el espectáculo".
Javier Aureliano García ha recordado que, durante el pleno monográfico sobre Galasa, celebrado el pasado 9 de noviembre, el equipo de gobierno de la Diputación "ofreció al PSOE un gran pacto, en el que nos comprometíamos a aceptar sus propuestas siempre que se subieran las tarifas porque es la única solución viable para garantizar el equilibrio de la empresa".
El portavoz popular ha puntualizado que la subida de la tarifa debería ser del 23 por ciento para evitar pérdidas porque "con la subida del 18 por ciento, Galasa tendrá unas pérdidas de 750.000 euros. Lo que hemos hecho ha sido intentar soportar las pérdidas y ponernos manos a la obra para ahorrar a través de la gestión. Este acuerdo tiene déficit, lo único que hubiese hecho que no perdiese dinero era subir la tarifa al 23 por ciento, pero el PSOE no entendía esa subida y no hemos podido convencerlo".
La portavoz de IU en la Diputación de Almería, María Jesús Amate, ha asegurado que, desde su formación, "vemos con buenos ojos este acuerdo que por fin ha llegado. Es el inicio de la viabilidad de Galasa y podemos hacer que la empresa salga hacia adelante. Debemos hacer que estos acuerdos lleguen a buen puerto, se pongan en marcha y la empresa sea viable".
El representante de Ciudadanos en la institución provincial, Roberto Bacca, también se ha mostrado satisfecho con el acuerdo alcanzado y ha afirmado que "ahora toca trabajarlo, porque hemos estado a 24 horas de ser cazados". En cuanto a la creación de una comisión de seguimiento de la gestión de Galasa, Bacca ha puntualizado el hecho de que "sus miembros no vamos a cobrar nada".
DIPUTACIÓN ASUME LA AYUDA A DOMICILIO EN OLULA DEL RÍO
Entre los otros puntos tratados en el pleno, también se ha aprobado con el voto a favor del PP, en contra del PSOE y la abstención de IU y C's, la prestación, por parte de la Diputación de Almería, del servicio de ayuda a domicilio de la Ley de Dependencia en el municipio de Olula del Río.
La medida ha estado suscitada, según ha explicado el portavoz popular, Javier Aureliano García, por la cantidad de "300.000 euros que el Ayuntamiento de Olula adeuda a la empresa por los impagos de la Junta de Andalucía". García ha afirmado que la medida respeta "al cien por cien la autonomía local del municipio" y ha revelado que "todos los trabajadores que prestaban el servicio en la anterior empresa, van a ser subrogados a la nueva concesionaria, por lo que no se va a perder ni un empleo".
Juan Antonio Lorenzo, portavoz socialista, ha explicado la postura de su formación, que ha votado en contra de la medida siguiendo el ejemplo de sus compañeros de partido en el Ayuntamiento de Olula del Río. Lorenzo ha calificado de "postura cómoda" esta decisión del Consistorio olulense al cambiar "una empresa local por una multinacional".
OTROS ASUNTOS
El pleno de la Diputación de Almería también ha dado luz verde al nombramiento de Adoración Blánquez y María Adoración Gómez como representantes de las asociaciones de mujeres en la Junta de Gobierno del Consejo Provincial de Mujeres. Blánquez procede de la Asociación de Mujeres y Familias del Ámbito Rural, y Gómez de la Asociación de Mujeres de Almerimar.
En la sesión plenaria también se ha aprobado la creación de la obra 'Acondicionamiento de Caminos en Antas' dentro del Programa de Inversiones Municipales de 2016 y la corrección de errores en la selección de actuaciones del Plan de Equipamientos de Uso Cultural en Alcolea y Fuente Victoria.
