La Audiencia Provincial de Almería deliberará el 21 de febrero sobre el procesamiento del alcalde de Carboneras, Salvador Hernández (Gicar), ante el recurso interpuesto por su defensa para solicitar nuevas diligencias y la revocación de los autos dictados hasta el momento ante una supuesta denegación del derecho de información municipal a la oposición.
Fuentes del caso han indicado a Europa Press la nueva fecha de votación y fallo sobre el recurso después de que se suspendiera la previsión inicial para el pronuncimiento del tribunal, el pasado 19 de diciembre.
Cabe recordar que el Juzgado de lo Penal número 1 de Almería llegó a fechar la vista oral contra el regidor carbonero, si bien posteriormente, y ante la interposición de nuevos recursos que fueron estimados, el juez Luis Columna dictó una providencia para posponer la vista.
El recurso de apelación elevado por la defensa de Hernández el pasado mes de julio pedía la admisión del recurso de reforma presentado contra el auto dictado por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Vera, en el que se indicaba que las diligencias practicadas evidenciaban que existían "motivos suficientes" para atribuirle "la perpetración" de un delito de artículo 542 del Código Penal.
Según las alegaciones de la defensa, se habría producido una "vulneración de la tutela judicial efectiva", toda vez que entiende que la instrucción no estaría "finalizada", por lo que solicita nuevas pruebas documentales y testificales así como un informe de la Policía Local sobre la entrega de resoluciones al edil socialista, entre otras cuestiones.
Hernández está procesado por la presunta comisión de un delito contra el ejercicio de los derechos cívicos por negar supuestamente información a la oposición y se enfrenta a una pena de tres años de inhabilitación especial para empleo o cargo público.
La Fiscalía considera que Hernández (Gicar) habría "impedido constante, real y efectivamente la labor de oposición" del concejal del grupo municipal del PSOE, José Luis Amérigo, no dándole "acceso" a información sobre diversos expedientes de contratación y adjudicación de servicios municipales.
Paralelamente, Hernández interpuso este verano ante la Fiscalía una denuncia contra Amérigo, a quien atribuye la "manipulación de forma torticera" de los hechos que han derivado en su procesamiento. La denuncia se apoya en informes del secretario municipal y de la Policía Local, de los que según mantiene el denunciante, "puede deducirse claramente la existencia de infracciones penales" que podrían ser constitutivas de presuntos delitos de acusación y denuncia falsa, así como de simulación de delitos".
Según detalla, tras el inicio del mandato 2011-2015, Amérigo requirió de la Alcaldía "cuantos expedientes han sido interesados para realizar las tareas propias de su función", y remarca que "jamás se le ha impedido ni ha entorpecido el derecho que se le asiste de acuerdo al artículo 23 de la Constitución sobre derecho a participar en los asuntos públicos".
Indica que, pese a que el procedimiento penal al que dio lugar la denuncia del portavoz socialista haya terminado en juicio, las averiguaciones practicadas "por esta corporación, a través de los servicios jurídicos y los funcionarios encargados de los departamentos implicados", han llevado a la conclusión "palmaria" de que Amérigo habría "manipulado de forma torticera los hechos que denunció ante la Fiscalía".
La denuncia que firma el regidor carbonero acusa al portavoz municipal del PSOE de "haber faltado a la verdad" y afirma que "cada uno de los hechos que son causa de denuncia a esta Alcaldía son rotundamente falsos", al tiempo que lamenta que en la instrucción sólo se practicaron como diligencias de prueba la declaración del denunciante y el denunciado "pese a haber pedido que se solicitaran informes y la declaración del secretario municipal y el coordinador general".
