Una juez de Almería ha condenado a una mujer de nacionalidad rumana por un delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros después de que contrajera matrimonio con un hombre que se encontraba en situación irregular en España a fin de facilitarle la residencia legal.

El fallo, dictado en firme por la conformidad de las partes y consultado por Europa Press, considera probado que en 2014 la acusada, con la intención de "obtener un beneficio ilícito", aceptó 4.500 euros por parte de un hombre para contraer matrimonio civil con él y conseguir así un certificado de matrimonio.

Tras queda inscrito en el registro civil ese mismo verano, el hombre se presentó en la Oficina de Extranjería y solicitó la tarjeta de residencia familiar como ciudadano de la UE.

Según se reconoció por parte de la acusada antes del acto de juicio, esta tenía conocimiento de la situación irregular del hombre, toda vez que la intención de contraer matrimonio era "regularizar su situación", puesto que ella misma ya tenía pareja con la que convivía en el momento de celebrar la boda.

Por estos hechos, la juez ha impuesto a la acusada una pena de prisión de tres meses conforma a la petición definitiva de la Fiscalía. Sin que concurran circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal, la magistrada accedió a suspender la pena privativa de libertad por un periodo de dos años con la condición de la que la acusada no delinca en ese tiempo.