Es curioso como en el periodo franquista el dictador levantó más de cuatro millones de viviendas sociales en 14 años (1961-1975), y que la mayoría de españoles consiguió pagar en 8 o 10 años. Sin embargo en la etapa democrática, concretamente entre 1981 y 2022, se construyeron solo 2,4 millones de viviendas protegidas y sociales. Estadísticamente, Franco construyó más del doble de viviendas en 14 años que en los 40 años democráticos por parte de los distintos gobiernos, lo que es una vergüenza para los políticos actuales y para todos los gobiernos habidos en ese periodo, tanto de izquierdas como de derechas. Lo que ha primado en España ha sido la construcción de viviendas de renta libre y abonadas al mercado especulativo, con unos precios desorbitados para el trabajador medio que tendría que dedicar más del 50 por ciento de su sueldo en pagar la hipoteca. Y aquí no se salvan ni las comunidades autónomas, ni los ayuntamientos. Todos han mirado y miran hacia otro lado con el argumento de que no hay suelo para edificar, aprovechándose del IVA y las plusvalías revertidas, producto de los altos precios de las viviendas de renta libre.

Y precisamente, para que haya suelo, lo primero que tiene que haber es una Ley del Suelo que permita que haya suelo público y poder construir viviendas sociales muy necesarias. El Gobierno presentó la reforma de la Ley de Suelo en el Congreso, pero fue rechazada tanto por el PP como sus propios socios de Gobierno. ERC, Junts y Podemos, que presentaron enmiendas a la totalidad del proyecto, y Sumar mostró públicamente su rechazo. Se aduce por el Partido Popular que el proyecto de reforma de la Ley de Suelo del Gobierno está “cojo, carece de ambición, y no resuelve el gran problema de la vivienda en España”, que es el enorme desfase entre la oferta y la demanda de viviendas, valorando que la reforma debería ser “más flexible y ambiciosa”, y ha pedido dotar a ayuntamientos y a promotores inmobiliarios de “mayor seguridad”, por lo que habría que reformar también la Ley de Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Paloma Martín, vicesecretaria de Desarrollo Sostenible del PP; ha explicado que una de las principales claves para afrontar el problema de la vivienda en España pasa por aumentar la disponibilidad de suelo público: “El Gobierno no ofrece respuestas realistas. La solución pasa por construir más viviendas y dar seguridad, no por intervenir el mercado y controlar los precios. Necesitamos de forma urgente una reforma de la ley del Suelo, pero no ésta”, ha añadido.

Sin embargo, el conjunto de expertos, directivos y empresarios coinciden en señalar que el principal problema del alto coste de la vivienda en España es la falta de oferta (77 por ciento), seguida por la legislación inadecuada (48 por ciento) y por la especulación inmobiliaria (23 por ciento). Una situación ante la que los encuestados apuestan mayoritariamente por agilizar la concesión de licencias urbanísticas (70 por ciento), incrementar el volumen de suelo edificable (61 por ciento) e impulsar la rehabilitación de vivienda (56 por ciento). En consecuencia, consideran que la Ley no ha tenido el resultado esperado y que el suelo disponible continúa estando excesivamente protegido.

Cuando se les pregunta a los penalistas sobre las iniciativas concretas que debería tomar el legislador para solucionar la falta de viviendas, el 72 por ciento se inclinan por fomentar la colaboración público-privada para la promoción del alquiler, el 64 por ciento por impulsar la oferta de alquiler social y el 62 por ciento por redactar una nueva Ley del Suelo que mejore la gestión de los procesos administrativos. La escasez de vivienda es un problema tan grave y su construcción un proceso tan lento, por encima de los dos años, que la colaboración entre las administraciones y los promotores privados parece la solución más eficiente.

Para revertir la situación proponen agilizar la concesión de licencias urbanísticas, incrementar el volumen de suelo edificable e impulsar la rehabilitación de viviendas.

Como dato favorable, apuntaremos que la economía española parece haber encarrilado una senda de crecimiento positiva que se prolongará durante todo este 2025, gracias a la buena evolución del consumo, las exportaciones y el empleo. La inflación, sin embargo, se moderará a un ritmo menor de lo esperado. Los expertos tienen un diagnóstico y una receta clara para intentar combatir la dificultad para acceder a la vivienda en nuestro país. El diagnóstico sitúa a la falta de oferta y una legislación inadecuada entre las principales causas del problema, y la solución aboga por combatir la burocracia, agilizando las licencias urbanísticas, y aumentar el volumen de suelo edificable. Así se desprende del Consenso Económico y Empresarial, correspondiente al segundo trimestre de 2024, que elabora PwC España - Servicios de auditoría y de consultoría- desde 1999, a partir de la opinión de un panel de 450 expertos, empresarios y directivos.

Por tanto, todo pasa porque los distintos partidos del arco legislativo del Congreso se pongan de acuerdo para subsanar un problema tan grave que está dejado de la mano. Todos tienen soluciones, pero cada uno tiene las suyas. Lo peor que puede pasar; y así nos va.