"He llegado a un acuerdo con mis súbditos: ellos dicen lo que quieren y yo hago lo que me da la gana". Rey Federico II, el Grande.
Los desmanes que se han producido en las últimas décadas en la vida política y la gestión de lo público han desembocado en una situación a la que es ajena el ciudadano y que se agrava por día que pasa, sobre todo referente a la actual judicialización de la misma y, por ello, a una parálisis institucional que en algunos casos roza lo indecente.
No puede sorprendernos que las administraciones se estén ralentizando y, por mucho que pretendan aplicar simplificaciones administrativas para reducir trámites, nada de esto se ve reflejado en la reducción de los tiempos. Expedientes eternos atados a un funcionariado temeroso, que eterniza cualquier cosa, que dedica su tiempo a buscar más las pegas que las soluciones o las interpretaciones más rígidas porque no vaya a ser que alguien le ponga alguna denuncia. Presupuestos muchas veces sin gastar ante necesidades de primer orden, subvenciones sin ejecutar, perdiendo fondos tan necesarios para mejorar la gestión; en unos años veremos cuántos fondos Next Generation devolvemos a Europa para lo que debería ser un sonroje general de los responsables que los administran -ya ha pasado otras muchas veces-. Y esto sucede en casi todas las administraciones porque nadie se fía a la hora de firmar y porque la amenaza de una demanda por lo penal sobrevuela por las cabezas de técnicos y gobernantes.
La judicialización penal de lo público es un hecho y los grandes culpables son una clase política que primero se desmadró con un todo vale y ahora usa a jueces y fiscales para derribar al adversario sin tener en cuenta que eso es como lanzar un boomerang al aire que, inexorablemente, termina por volver hacia el que lo eleva. Y lo peor es que el sistema no parece que tenga arreglo, cada día va a más y ni las leyes, ni jueces ni fiscales acotan su intervención, derivando la denuncia al contencioso/administrativo o archivando todo aquello que huele a tufo de ataque político. De este modo evitarían ser usados como arma política que muchas veces solo busca titulares en prensa para desgatar al de enfrente en procedimientos que no tienen vías de éxito. También los medios tienen responsabilidad cuando -algunos- ensalzan a toda pastilla la noticia de una simple denuncia, dando carta de naturaleza como si de una sentencia se tratase cuando no hay que olvidar que una denuncia es muy fácil de poner y, más, de políticamente rentabilizar. A todo ello hay que añadir, claro está, la ineptitud de muchos gestores públicos, políticos, incapaces de buscar soluciones. Por tanto, jueces y fiscales, políticos y técnicos y medios han entrado en una deriva que si en un momento determinado fue necesaria para controlar una gestión pública que se había desmadrado de una manera alarmante, ahora provoca el negativo efecto de ralentizarlo todo cuando la gestión de lo público necesita, como poco, la misma agilidad que ejerce sobre el ciudadano el férreo sistema de impuestos. El que paga manda, se suele decir, menos en esto.
Vemos estos días como afines a Pedro Pacheco plantean una plataforma de apoyo al ex alcalde jerezano en busca de un indulto y lo hacen, entre otras cosas, recordando los méritos que acumuló el jerezano en su época a través de los grandes proyectos que logró para su ciudad, eso es indiscutible pero tampoco le exime de responsabilidad ante hechos fraudulentos. Otra cosa es que denuncie agravio comparativo de su caso con respecto a otros, como los indultos aprobados por el gobierno con políticos del procés y puede que tenga razón, nadie lo niega, pero establecer sentencias nunca puede ser por la vía de la comparación sino en base a una jurisprudencia que, es cierto, dista mucho de ser igual para todos. Cada día es más evidente que la sangre, el partido al que pertenezcas o el poder que acumules a nivel de relaciones pueden ser determinantes para acomodar la objetividad judicial. Es verdad que por lo que Pacheco fue condenado otros muchos pudieron tener el mismo destino, pero no fueron denunciados, también que hubo otros que pasaron por el juzgado con un trato totalmente desigual a él. Pero nada de todo ello le quita ni culpa ni responsabilidad, eso es tan cierto como que Pacheco ya pagó con creces, no solo con dinero, sino sobre todo con los años de prisión. Es más, si en nuestro Estado de Derecho la finalidad de la condena de cárcel es la resocialización, no es la ejemplaridad, nadie puede dudar de que Pacheco socializarse lo que es socializarse no lo necesitaba y, a estas alturas, menos. Por ello, con una condena más que cumplida por su responsabilidad y culpa, el gobierno de la nación debería permitirle cerrar capítulo.
Quienes defienden al Rey emérito lo hacen poniendo en valor su inestimable buen hacer para traer la democracia en la ejemplar transición. También recuerdan su intervención la madrugada del 24 de febrero de 1981 parando el golpe de Estado. Todo ello hay que reconocérselo -aunque sobre el 23F hay teorías diversas y no todas positivas para él-; consiguió instaurar una monarquía con unos Reyes muy queridos por la mayoría del pueblo, la institución más respetada durante años hasta la foto en la cacería de elefantes con el consiguiente "lo siento mucho, no volverá a repetirse" y, sobre todo, el caso Nóos que sentó en el banquillo a la Infanta Cristina y mandó a prisión a su marido -hoy marido cesado temporalmente ,vulgo ex-. Un caso que arrojó sombras de dudas sobre lo que verdaderamente pudiera haber detrás y si Urdangarín estaba siendo el cabeza de turco. A partir de ahí no hemos parado de enterarnos de historias sobre amantes de Juan Carlos, regalos millonarios, dinero a espuertas en cuentas extranjeras sin declararlo a esa Hacienda que somos todos. 39 años de Rey, teóricamente buen reinado, pero parece que aún mejor para su bolsillo y para su disfrute personal.
Nuestro código penal no tiene establecido una eximente ni tan siquiera atenuante por el mérito de la vida del culpable; por muy buena persona que haya sido, buen trabajador, buen gobernante, nada de eso influye para extinguir o mermar una condena. Por ello, no sirve el mérito de Pacheco durante sus 24 años de alcalde, lo que hizo de positivo por Jerez, lo único que debe servir es que pagó con suficiencia lo que hizo. Al igual que tampoco debería servir el mérito de Juan Carlos y lo que hizo por España, que también fue bastante, pero debería pagar por lo que se demuestre que hizo y no debió hacer. Pero todo indica que para el Borbón su mérito de Rey si parece que le sirve y, por ello, casi nadie duda ya que en cuestión de justicia también hay clases, élites y súper élites. Mucho queda por cambiar si queremos recobrar la confianza y el respeto a las instituciones, curar los males que aquejan a nuestra aún joven democracia para salvarla de la amenaza que supone el crecimiento del club de amigos que entre ellos y con añoranza se susurran aquello de que con Franco se vivía mejor.
La Justicia es absolutamente necesaria, sin ella no hay nada, un desierto árido, vital para nuestras vidas, pero debe adaptarse a las necesidades de la sociedad, a ser un elemento de mejora para el sistema administrativo público y no a convertirse en obstáculo, a no ser usada como herramienta política cuando es evidente y a actuar con el mismo procedimiento y rigor cuando instruye a Pacheco, al Rey, a usted lector o a mí. A ser más bisagra que puerta.
