El Parlamento de Andalucía ha dado luz verde a la tramitación del proyecto de ley de creación de los cuerpos superior y técnico de interventores y auditores de la administración, cuyo objetivo es reforzar el control y la transparencia de los fondos públicos de la Junta, según el Gobierno andaluz.

Este proyecto de ley fue aprobado en marzo pasado pero decayó en su trámite parlamentario por la convocatoria electoral y el nuevo gobierno lo volvió a aprobar en agosto con el fin de continuar con la apuesta por "el rigor y control en la gestión".

Así lo ha defendido en el pleno del Parlamento, la consejera de Economía y Hacienda, Carolina España, que ha señalado que la norma "avanza en la eficacia del gasto público para ofrecer una hacienda rigurosa con control permanente de los recursos", especialmente en las subvenciones y los contratos.

El proyecto de ley persigue dotar a la administración autonómica de un grupo de funcionarios de la máxima cualificación y especialización en el ejercicio del control interno y la contabilidad pública, ha dicho la consejera, que cree que esta forma de trabajar "no tiene precedentes" en la Junta.

La Intervención General de la Junta de Andalucía tiene atribuida la actividad de control interno -a través del control previo, financiero y contable-, aunque la proliferación de nuevas formas jurídicas y operacionales, así como la producción normativa de las administraciones a nivel autonómico, nacional y europeo requieren de una actividad de control interno específicamente cualificada.

Asume numerosas obligaciones de rendición de cuentas y transparencia que derivan de las normas comunitarias y estatales de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera (control del déficit, regla de gasto y deuda pública),que ha supuesto un cambio en el desempeño de sus funciones que exige cada vez un mayor grado de especialización en materia de auditoría, contabilidad financiera y analítica o consolidación de estados financieros, ha defendido.

A ello ha sumado los nuevos cometidos que se le han ido encomendando a la Intervención General y la atribución de nuevas competencias como la supervisión continua de las entidades y organismos dependientes de la Junta.

Las funciones del Cuerpo Superior de interventores y auditores se centrarán en tareas de decisión, planificación, organización, supervisión y dirección de las áreas competenciales de control, así como en la emisión de informes, dictado de actos de control o asesoramiento superior.

Por su parte, las funciones del Cuerpo Técnico residirán en el apoyo a las funciones de auditoría y, en concreto, a las nuevas funciones de supervisión continua que se encuentran en las fases iniciales de implementación y a las auditorías operativas que ofrecen la información de base para aquéllas.

Al no haber presentado ningún grupo enmienda a la totalidad, el proyecto de ley pasa a ser tramitado en comisión, aunque la oposición ha cuestionado parte de sus contenidos y espera que se mejoren.

Entre ellos, PSOE, Vox y Por Andalucía han criticado la insuficiente regulación de ambos cuerpos y de la Intervención General, así como la lentitud de la Junta para concretar los acuerdos de este tipo de normas, y han recordado que la creación de estos cuerpos es una "obligación legal y nada nuevo".