Vivimos con enorme sorpresa el debate sobre la amnistía que los independentistas exigen y que anuncian como ya obtenida en su negociación para renovar el presidentede Gobierno. De ella me preocupan muchas cosas, como que simplemente sea contraria a lo que muchos políticos que ahora se disponen a apoyarla precisamente renegaran de ella antes de las elecciones, lo que muestra la falta de lealtad al ciudadano y a sus votos que impera en nuestra vida política. Me planteo si no habría que crear el delito de estafa política para que además de castigar el engaño económico también se penara algo tan grave como esto.

También me preocupa que se argumente que se quiere pacificar la vida catalana desjudicializándola. El razonamiento es absurdo de por sí. La vida se judicializa porque se  cometen delitos y precisamente se pacifica con la estricta aplicación de la ley que nos damos para reprender esas conductas. Si no se quiere judicializarla es tan sencillo como no delinquir y actuar por otros medios.

Y encima sale a la palestra la intervención de un Constitucional en el que ya no confía nadie y en el cual los magistrados no son conocidos por su nombre o prestigio sino por el signo político en que se encuadran y así los definen todos los medios. Eso es simplemente no tener Justicia cuando su cúspide se etiqueta de esa forma. Conocemos cuando escribo la noticia de que ese rodillo sevuelve a aplicar nada menos que para seguir bloqueando los nombramientos  por el Consejo General, ahondando más en la penosa situación de nuestros Tribunales y en especial del Supremo que desmorona toda fe que pueda ponerse en ellos.

Como abogado en ejercicio vivo día a día la pérdida de confianza de los ciudadanos en la Justicia española que nuestros gobernantes de todo signo se han empeñado en hacer crecer sin parar y sin preocuparles otra cosa que dominarla todo lo posible desde el poder en lugar de luchar por su independencia y su credibilidad.

Decir que la amnistía no es contraria a la Constitución porque no se prohíbe expresamente cuando el artículo 62 señala que no podrán autorizarse indultos generales es como decir que como no se prohíben caben por ejemplo los fusilamientos generales porque la Carta Magna solo habla de la pena de muerte. Y todo ello por  un cambalache de votos.  Desde luego el PP hizo una mala campaña electoral ayudada en sus resultados por la nefasta gestión de Vox, pero entregar de esa manera los cimientos denuestra democracia es sencillamente dramático. 

 

Manuel Salinero González-Piñero

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