Fuentes del caso han informado hoy a Efe de que la juez de instrucción 6, Mercedes Alaya, ha citado a ambos en la rama del caso que investiga que ha calificado como "venta fraudulenta" de los terrenos de Mercasevilla a la empresa Sanma.
Según el auto de imputación de Torrijos, este tuvo una "responsabilidad y activa participación", como vicepresidente y miembro de la comisión ejecutiva de Mercasevilla en los asuntos de la referida Unidad Alimentaria e indiciariamente y "de modo especial en el proceso de adjudicación de la totalidad de los terrenos de la misma a Sanma".
Torrijos fue denunciado por la Asociación de Mayoristas de Frutas y Hortalizas de Sevilla, como propietaria del 0,1 por ciento de Mercasevilla, y en su auto la juez rechazó citarlos como testigo.
Al conocer su imputación, Torrijos se negó a dimitir porque entiende que no está incurso en ningún supuesto que recoge el código ético de Izquierda Unida, y destacó la "casualidad curiosa" de conocerse su imputación cuando se firmaba dicho código.
Según el ahora candidato de IU a la Alcaldía de Sevilla, el código ético se refiere "claramente" a los que estén imputados y procesados "por delitos urbanísticos o de corrupción", y por los datos que conoce del auto "no se identifican, en términos políticos, con estar incluso en alguno de los supuestos del código ético".
Además, la juez tomará declaración como imputado, el 30 de junio, a Manuel Marchena, exgerente de Urbanismo que inicialmente había sido citado en diciembre pasado pero su comparecencia quedó aplazada por problemas de agenda del juzgado.
El exgerente de Urbanismo ha sido convocado como imputado después de que el empresario A.P.R., dueño de la firma Larena 98, que tenía unos derechos de superficie en Mercasevilla, declarase a la juez que Marchena le citó en su despacho y le ofreció participar en concursos de viviendas VPO, momento en el que "aunque no se le dice expresamente que los concursos le serían adjudicados, lo entendió así", según su declaración.
Dicha oferta se produjo en el contexto de otras entrevistas en las que altos cargos de la Junta y del Ayuntamiento, según el testigo, le ofrecieron concesiones ilegales a cambio de ceder sus derechos en Mercasevilla, lo que favoreció la posición de la inmobiliaria Sanma para ganar el concurso de adjudicación de los terrenos del mercado central, investigado por "fraudulento".
En los tres sumarios del caso Mercasevilla están imputadas una quincena de personas, entre ellas varios cargos políticos o de confianza como Antonio Rivas, exdelegado de la Consejería de Empleo en Sevilla, y Domingo Enrique Castaño, exdirector de Vía Pública del Ayuntamiento de Sevilla y exasesor del alcalde.
