Esa preocupación no lo es tanto por la ex alcaldesa o la ex delegada de Medio Rural, la primera secretaria general de los socialistas jerezanos pero que no seguirá en el cargo cuando termine su mandato y la segunda sin peso específico en el partido, sino porque entre los imputados que tendrán que prestar declaración está el actual portavoz del grupo municipal, Francisco Lebrero, que es la persona que está dando la imagen del partido en estos primeros compases de la nueva legislatura como portavoz del mismo en los plenos municipales.
La foto de Lebrero entrando y saliendo de los juzgados no es la más adecuada, entienden las fuentes consultadas, para levantar la imagen de un partido que en las últimas elecciones cosechó uno de los peores resultados electorales de su historia reciente.
Y esa foto frente al edificio judicial de Tomás García Figueras se va a producir -la primera- en un breve plazo de tiempo, pues según lo publicado se espera para la primera quincena del mes que esta a punto de empezar.
Lebrero tranquilo
Esa preocupación de algunos militantes socialistas no lo es tanto en el propio imputado, pues Francisco Lebrero, en declaraciones a los periodistas el pasado martes, tras la celebración del Pleno y nada más conocerse esa imputación, aseguró estar “absolutamente tranquilo”, al entender que esa figura jurídica, la imputación, es una “garantía” para el imputado, una forma muy sui géneris de entender la acusación.
Una denuncia del PSA ampliada por el PP
El caso del PTA surge a raíz de una denuncia presentada por el Partido Socialista de Andalucía (PSA) a primeros de 2010 como consecuencia de detectar que el Ayuntamiento había subvencionado el precio del suelo del PTA a la empresa Tecnología e Innovación Sanitaria SL o Sistemas de Innovación de Fluidos como se denominaría más tarde, por una rebaja en la compra del terreno de unos 245.000 euros, lo que equivalía al 40% del valor del mismo y que en el objeto social de dicha empresa no figuraba actividad alguna relacionada con los criterios exigidos para la concesión de ayudas.
Este hecho, unido a lo ‘extraño’ del procedimiento seguido de que hubo dos valoraciones diferentes para el mismo procedimiento, una primera con puntuación insuficiente y una segunda, hecha por otro trabajador municipal, al parecer sin los requisitos para ello, en la que se subía dicha puntuación, llevaron a la fiscal anticorrupción de la provincia a dar el ‘visto bueno’ al procedimiento judicial abierto.
La imputación de Lebrero o la alcaldesa es obvia por su vinculación como máximos responsables de las áreas y la de Martínez responde a que fue un trabajador de su área (un auxiliar administrativo) el que firmó la segunda valoración.
