Algunos otros datos clave. Desde aquella sequía de 1992-1995, el sistema de abastecimiento de Sevilla dispone de un embalse que entonces no estuvo operativo (Zufre, 60 Hm3/año), una aportación garantizada de 20 Hm3/año desde el nuevo embalse de Huesna y un marco legal muy mejorado de reasignación de recursos (cesión con compensación) desde el embalse del Pintado (regadíos del Viar), gracias a la reforma de la Ley de Aguas que hizo el gobierno del PP en 1999 y que se ha mantenido y desarrollado por posteriores gobiernos hasta la actualidad. Estos son los factores que explican que desde 1995 el área metropolitana haya atravesado por graves situaciones de sequía sin tener que recurrir ni a restricciones (que por la mejora de la gestión han desaparecido del escenario en toda Andalucía), ni siquiera a la utilización de esos recursos externos (Huesna, Pintado) ya disponibles y de coste incomparablemente menor de lo que, en situaciones extremas, supondría el agua de Melonares.
Pero entonces, ¿es que todos los políticos se han vuelto locos? No exactamente. La historia, bien documentada, es larga y no cabe en estas líneas (introdúzcase en un buscador “paradigma hidráulico tradicional”, “alternativas a Melonares”; búsquese en hemeroteca los numerosos editoriales y artículos de opinión publicados). Pero reténgase este dato: Melonares se paga en un alto porcentaje con Fondos de Cohesión de la Unión Europea, fondos que tendrían que haber sido destinados a proyectos ambientales (depuradoras, por ejemplo) o de transporte (tranvía, por ejemplo) y se han aplicado para la construcción de un embalse que fragmenta y anega un auténtico corredor fluvial-ecológico, el curso medio del río Viar, afectando al Parque Natural de Sierra Norte. La aplicación de en torno a 100 millones de euros a este proyecto ha beneficiado a un amplio número de intereses tradicionales (direcciones técnicas, ingenierías, empresas constructoras…) y nuevos intereses (en este caso, las “medidas ambientales compensatorias”, con nuevos perfiles profesionales como protagonistas, han absorbido cantidades muy importantes). Este no es el único factor, pero no es despreciable.
El equipo técnico de la Comisión Europea se resistió todo lo que pudo a la concesión de estos fondos para Melonares: sabía que había alternativas más racionales y necesidades de inversión más urgentes en la región. Pero finalmente cedió a las presiones, imponiendo, eso sí, algunas condiciones: la primera, que se mejorara la eficiencia del sistema de abastecimiento de Sevilla (se ha hecho); la segunda, que el agua del embalse no se utilice para otro uso que el abastecimiento humano (los ojos de la Federación de regantes están puestos en ella desde el primer momento); y la tercera, que las conducciones (varias decenas de millones de euros, pese a no cumplirse fielmente las condiciones de la Comisión Europea) las paguen los beneficiarios. Sobre la construcción (innecesaria) y la financiación de estas conducciones tratan las últimos enfrentamientos entre Ayuntamiento, Junta y Gobierno central.
De todo esto, en mi opinión, nuestros políticos de uno y otro signo deberían estar dando cuenta con claridad y transparencia, en lugar de enzarzarse en disputas de competencias y poder que confunden a la opinión pública. Ya veremos lo poco que tarden en decir que el embalse ha contribuido a laminar las avenidas, lo que nunca hubiera justificado su construcción.
¿Y ahora, con Melonares ya construido, sin conducciones e innecesario, qué hacer? Lo primero, decir la verdad (más compleja, sin duda, de lo que cabe explicar en este breve texto). No tanto para buscar culpables (aunque no estaría mal que alguien pidiera disculpas... y dimitiera), sino para reflexionar sobre los factores explicativos que han conducido a esta situación. Y para que las conclusiones se apliquen a los otros proyectos todavía en ejecución o sin iniciar que se mencionan al comienzo de este artículo.
