Tajantemente, no. Claro está, salvo que se les quiera conducir a esa insostenibilidad. Resulta preocupante, en este sentido, las reiteradas manifestaciones de los principales responsables del Ministerio de Educación alertando de los muchos y graves defectos del sistema de educación pública superior, como preocupante es que tales manifestaciones reciban el respaldo acrítico de algunas otras instituciones (como el Tribunal de Cuentas) y medios de comunicación.

Así, lo último que tenemos encima de la mesa es que las Universidades Públicas somos, aparte de despilfarradoras, insostenibles. Pero más preocupante es que las acciones desplegadas en materia universitaria en los últimos tres años y medio parece que hayan tenido como objetivo llevarnos a esa situación de insostenibilidad: recortes en personal, en medios económicos, en investigación, cambios continuos de normas y de reglas del juego con el partido jugándose, cuyo último capítulo es el inexplicable cambio en la ordenación de los estudios universitarios del que baste decir ahora que genera una clara incertidumbre y un período de inestabilidad.

No me he cansado de repetir que España tiene un buen sistema universitario y unas universidades públicas que durante los últimos treinta años han respondido notablemente al cumplimiento de sus funciones en un contexto de continuos cambios normativos y de financiación insuficiente. Si nos centramos en los últimos cinco años, las Universidades Públicas han hecho grandes esfuerzos para mantener una educación superior (y una investigación) digna y de calidad, pese a la dureza de los recortes experimentados y a tener que digerir, recuérdese que a coste cero, una titánica adaptación al Espacio Europeo de Educación Superior (que ahora resulta que no era la correcta según entiende el Gobierno).


Que tengamos un buen sistema universitario y unas buenas Universidades Públicas no significa que no haya problemas que solucionar y aspectos que mejorar. Ya hemos reiterado que estamos dispuestos a hacer lo necesario para eliminar los problemas y avanzar hacia un sistema universitario cada vez mejor, más competitivo en formación e investigación, más moderno en gestión, más adecuado para la cualificación de nuestros estudiantes y más comprometido con la sociedad y las personas.

Y, yo por lo menos, entiendo que la mejor manera de lograr todo esto es a través de un sólido sistema de enseñanza superior predominantemente público (respetando, por supuesto, a las Universidades Privadas), transparente y dispuesto absolutamente a rendir cuentas.
El modelo será sostenible si cuenta con la financiación justa y adecuada para ello; no lo será si se le priva de tales recursos.

Es así de sencillo. Alegar que las universidades públicas somos insostenibles suena a excusa para cambiar el sistema de financiación. Esto es muy grave porque lo que está detrás, puede adivinarse, es que para ser sostenibles debemos generar más recursos “privados” y recibir menos recursos “públicos”, subir las tasas y precios públicos, reducir costes, sobre todo de personal, etc.


Digámoslo de otra forma: las Universidades Públicas deben estar financiadas, esencialmente, con fondos públicos suficientes para garantizar su sostenibilidad y permitirles ser cada vez mejores y más competitivas, como se ha dicho arriba. Siendo así, estudiemos los problemas y disfunciones y arreglémoslos desde el diálogo y el consenso.

No nos da miedo que se nos exijan resultados (financiación por resultados, competitiva, por objetivos), ni que se nos pidan cambios que somos conscientes que debemos hacer. Lo que nos da miedo es que se nos trate de manirrotos, despilfarradores e insostenibles, y que todo ello no sea sino la excusa, otra más, para debilitar y hacer languidecer hasta la extenuación, a la Universidad Pública. Porque detrás de todo ello estará un nada deseable cambio estructural de la enseñanza superior.