Recientemente la Red Andaluza de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social hacía balance en el informe anual de 2015 de la situación de las familias andaluzas. Una vez más datos alarmantes: El 42,3% de los andaluces están en riesgo de pobreza o exclusión social (29,2% en el Estado), pobreza infantil 51% (El Estado 35,8%), la Comunidad con mayor número de viviendas con ejecución hipotecaria iniciada (16.275), el 15,8% de los hogares sufren pobreza energética, y otros datos negativos como fracaso y abandono escolar, desempleo, …
La primera medida que plantean desde esta plataforma es literalmente “Aprobar la Ley de Renta Básica de doble derecho con una prestación económica y un plan individualizado de inclusión sociolaboral”, y hace ahora poco más de un año los andalucistas registramos en el Parlamento la única iniciativa legislativa para aprobar la Ley de Renta Social Básica, que por cierto esta como un Derecho en nuestro Estatuto de Autonomía.
La Iniciativa que registramos fue admitida a trámite por la mesa del Parlamento, justo cuando concluían los trabajos de la comisión creada para estudiar su implantación sin ningún fruto, y pidiendo su presidenta, Carmen Martínez Aguayo, una prórroga de otro año para seguir trabajando, mientras que el presidente de Cáritas Andalucía decía a los medios “hemos ido ya tres veces al Parlamento a discutir de la Renta Básica. Que no le den tantas vueltas y que la pongan ya”.
Pues lejos de aprovechar la oportunidad de mejorar nuestra iniciativa y ponerse manos a la obra en algo que es necesario para Andalucía, el Ejecutivo Andaluz que tenía que dictaminar sobre la iniciativa antes de iniciar el curso parlamentario, decidió tumbarla en Consejo de Gobierno, con la excusa de no contar con partida presupuestaria y con la idea de aprobarla en 2016, otra patada para delante.
Entiendo y creo en una Renta Social Básica que no sea ni una paguita, ni una limosna, sino como una oportunidad para aquellos desempleados de larga duración que no tiene capacidad de integrarse en el mercado laboral y que tienen cargas familiares. Mientras se benefician de la misma, estarían dentro de un programa de inclusión laboral, buscando la complicidad de autónomos y de pymes que realmente son los que crean empleo. Andalucía tendrá que esperar, los andaluces y andaluzas quizás no.
