El Puerto es, junto con Jerez, la ciudad de la provincia donde más objeciones de conciencia a la asignatura Educación por la Ciudadanía se han registrado, algo más de 400 según los datos facilitados ayer por las cuatro plataformas que más se han movilizado desde que hace algo más de año y medio el Ministerio de Educación decretase la obligatoriedad de su impartición en los colegios.
 Este 2008 ha sido el primer curso escolar en el que se imparte en toda España esta asignatura y contra ella ha surgido un movimiento opositor plasmado en 50.420 objeciones, según explicó Ignacio Martínez, portavoz del Foro de Laicos Asidonia, quien reconoció que en este tiempo han recibido “amenazas, presiones y coacciones” a las que los padres han respondido acudiendo a la Justicia “nunca con insultos ni agresiones”.
 Recriminan a la Administración que no haya aceptado el diálogo con las familias objetoras y que, por contra, en Andalucía la Junta haya publicado en el BOJA -boletín oficial- el nombre de menores objetores. A este respecto, las plataformas que acudieron a la Fiscalía de Menores esperan que ésta proceda a la denuncia. Por ello sorprende a los padres que la ministra de Educación Mercedes Cabrera afirmase hace unos días que EpC se estaba estudiando con normalidad en las clases.
Aunque en el país existen 107 asociaciones y plataformas, la mayoría se encuentran con un problema a la hora de transmitir a los padres su postura. Y es que, señalan que aunque hay asociaciones de padres que han solicitado a sus miembros que informasen al conjunto de la comunidad educativa el contenido de esta asignatura, ni los colegios públicos, concertados ni privados han permitido que esas charlas se celebren en sus instalaciones. Por ello deben recurrir a ofrecerlas de forma altruista en hoteles, centros culturales, cívicos... “La Administración no quiere que se informe a los padres porque cada vez que se da una charla se produce una objeción”, añaden.
Mientras el Tribunal Supremo no se pronuncie o las administraciones competentes no reconozcan el derecho a objetar, las familias opositoras a EpC continuarán interponiendo recursos judiciales. Existen abiertos 1625 procedimientos judiciales reclamando ese reconocimiento, de los cuales 180 se han registrado en Andalucía. Ya existen 23 sentencias judiciales y 82 autos de medidas cautelares favorables a los padres, en el sentido de que sus hijos no tienen por qué acudir a la clase de esa asignatura y quedan exentos de evaluación, y no son suspendidos como hasta ahora.
Todas estas resoluciones, añaden, vienen a demostrar que la Justicia reconoce que cuando se ve afectado un derecho fundamental es posible recurrir a la objeción de conciencia “aunque no exista regulación legal al respecto”. Por último esperan una respuesta del Tribunal Supremo que, si es negativa, será recurrida ante el Constitucional ya que sostienen que el contenido de la asignatura vulnera el derecho a la educación de los padres, y si no al Tribunal de Estrasburgo.